Una comisión ad hoc convocada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y conformada por los profesores Eugenio Zaffaroni, Raúl Gustavo Ferreyra, Adriana Puiggrós, José Schulman, Osvaldo Varela y Alfredo Sarmiento resolvió mediante un informe que los represores condenados por delitos de lesa humanidad no pueden cursar en la UBA.
La decisión se inscribe en una serie de hechos intimidatorios por parte de ex represores detenidos en Marcos Paz hacia un grupo de docentes del programa UBA XXII que se negaron a dictarles clase. (ver nota: http://feduba.org.ar/?p=3957)
En la nota publicada en FEDUBA, se planteaba el repudio al amedrentamiento y cualquier acción violenta y la defensa del derecho de los docentes de UBA XXII a negarse a dar clase a condenados por crímenes de lesa humanidad (objeción de conciencia). Al mismo tiempo, FEDUBA instó a que se produzca un debate en la UBA para fijar una postura institucional sobre la admisión de los condenados por delitos de lesa humanidad.
En el informe, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra (Facultad de Derecho); la diputada Adriana Puiggrós y José Schulman (Filosofía y Letras); Osvaldo Varela y Alfredo Sarmiento (Psicología), recomiendan:
“El respeto a las normas que rigen esta comunidad universitaria no se agota en el cumplimiento formal de sus pautas, sino que exige de quien aspira a incorporarse a ella que su conducta no sea destructiva o lesiva a la existencia misma de la comunidad”.
Asimismo plantea que dada la del caso es que “quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de los que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria, es decir, una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad universitaria a la que pretenden incorporarse”.
Además, señalan que la UBA no pretende “cuestionar las tácticas defensivas de estas personas en sus respectivos procesos penales, ámbito en el que se les debe garantizar la más amplia libertad de argumentación, pero ese mismo discurso, llevado al seno de la UBA, se vuelve disolvente del espíritu comunitario que debe animarla conforme a la tradición universitaria mundial de todos los tiempos”.
“Por todo lo expuesto, quienes suscriben recomiendan no admitir a condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”, firman los miembros de la comisión en el informe que será analizado por la instancia de Interpretación y Reglamento del rectorado para luego pasar al debate en el Consejo Superior de la UBA.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-198035-2012-07-06.html