Día: 8 de abril de 2020

  • Revista Debates sobre Derechos Humanos

    Revista Debates sobre Derechos Humanos

    Un grupo de jóvenes investigadorxs, entre los que se encuentra Sebastián Alejandro Rey (Secretario de Derechos Humanos de FEDUBA) han decidido crear esta revista “de gran utilidad para quienes día a día ejercen la abogacía así como para quienes desde la academia buscan actualizar su conocimiento sobre los nuevos desarrollos jurisprudenciales.”

    Con el apoyo de la editorial de la Universidad Nacional de José C. Paz (EDUNPAZ) este materia se propone “visibilizar,  darle  difusión  y, a la vez, cuestionar los estándares sobre derechos humanos fijados tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”

    Revista Debates sobre Derechos Humanos Número 3

    Esta tercera edición reflexiona sobre diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, como la extradición de Facundo Jones Huala a Chile. En estas páginas también se analizan algunas de las sentencias más paradigmáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la condena  que responsabilizó al Estado de México por el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco.

    Revista Debates sobre Derechos Humanos Número 2

    Este segundo número editado en el año 2018 recupera críticamente las discusiones sobre la “reforma del sistema penal juvenil”, y, particularmente, de la ley 22278. Parte de la base de la evolución del derecho penal para adolescentes en la República Argentina y su constante acercamiento del modelo vigente a los estándares constitucionales y convencionales.

    Revista Debates sobre Derechos Humanos Número 1

    El número que inauguró la revista en el año 2017 aborda el reclamo sobre la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad desde una postura crítica al máximo tribunal que declaró aplicable la Ley 24.390, conocida como 2×1.

  • Pensar un nuevo sistema de salud

    Pensar un nuevo sistema de salud

    Compartimos la nota de nuestro compañero Jeimar Cogollo, que desde su experiencia de trabajo en Salud en Territorio reflexiona sobre los aprendizajes que debe dejarnos la situación de crisis que origina esta pandemia.

    Hoy vemos como tras la nueva pandemia del COVID-19 surgen nuevamente discusiones que van mucho más allá del debate que nos plantean desde el inicio de la guerra fría, ahora la discusión se debe centrar entre un estado ausente o un estado responsablemente presente.

    ¿Hasta dónde debe llegar el estado? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2019, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios sanitarios básicos y cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema, es decir que viven con 1,90 USD al mes o con menos en muchos casos. Aproximadamente un 12% de toda la población gasta un 10% de su ingreso familiar al pago de los servicios de salud

    Aproximadamente un 12% de toda la población gasta un 10% de su ingreso familiar al pago de los servicios de salud. Nos damos cuenta que el objetivo de “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” que se encuentra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se cumplió. A partir de esto los 193 estados miembros de las Naciones Unidas acordaron tratar de alcanzar una cobertura sanitaria universal (CSU) para el año 2030.

    La CSU implica que todas las personas y/o comunidades puedan acceder al sistema de salud sin la necesidad de pasar dificultades económicas para poder pagar la atención. Esta abarca todos los niveles de atención, desde la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

    Actualmente Estados Unidos de Norteamérica está lejos de eso, la crisis que está viviendo el país por el COVID-19 ha dejado más de 8000 muertes y la suma de infectados escala por arriba de los 300.000 según la Universidad John Hopkins. El gobierno insiste en derogar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible o más conocida como “Obamacare”; la ley exige a la mayoría de los adultos no cubiertos por un plan de salud, ya sea proporcionado por sus empleadores o patrocinado por el gobierno, que mantengan una cobertura, arriesgándose en caso contrario a ser penalizados con una multa.

    La elegibilidad de Medicaid, el programa de salud de los Estados Unidos para personas de bajos recursos, se amplía para incluir a personas que ganen hasta el 133% del umbral de pobreza; sin embargo este programa lo administra cada estado por ende cada uno puede optar por no ampliar dicho programa. La ley afecta a ciertos aspectos de la industria privada de los seguros de salud. Uno de ellos es que le prohíbe a las compañías de seguros tener en cuenta condiciones preexistentes o el sexo, exigiéndoles otorgar cobertura a todos los solicitantes y a ofrecer las mismas tarifas sin importar su estado de salud o sexo. Además, esta ley busca ampliar la cobertura para incluir a 30 millones de estadounidenses no asegurados.

    Esto es consecuencia de un sistema de salud privatista como el impulsado en Colombia a partir de la ley 100 de 1993, con la que se beneficia a los privados simplemente por el hecho de ser intermediarios y se le dio paso a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) las cuales son, hoy, el principal problema para la salud de todos los y las colombianas. A éste modelo Argentina quería adoptarlo en el año 2017 con la Cobertura Universal de Salud, Sin embargo el sistema sanitario del país ya es universal y gratuito desde 1946, siendo el Estado el garante de la salud de su población, abarcando así los sectores sindicales, estatales y paraestatales.

    El papel del Foro para el Progreso de América del Sur (ProSur) ha sido nulo, mientras el MerCoSur empezó a convocar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco de Desarrollo de América Latina – CAF y a el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca de la Plata – FONPLATA para que evalúen en forma conjunta líneas de acción que contribuyan a enfrentar eficazmente los desafíos derivados del combate a la propagación del Coronavirus y sus consecuencias en los Estados Partes del MERCOSUR. Nos queda pensar en el fortalecimiento del sistema de salud público, ¿qué beneficios se puede otorgar a los y las profesionales de salud?, la calidad de la atención a la población en su conjunto es directamente proporcional a la calidad de vida laboral, mejores salarios, disminuir los guardias extensas, mayores suministros en los hospitales públicos, este último punto fue crucial para que al COVID-19 tuviera una alta tasa de morbilidad en muchos países, Italia, China, EEUU, Ecuador, entre otros.

    El orden de las prioridades pos-pandemia debe empezar a modificarse, es menester un sistema sanitario que permita un acceso a toda la sociedad en su conjunto en términos geográficos, culturales y también económicos, que garantice a sus profesionales cuidados necesarios dentro del horarios laboral, seguridad, y un paquete de derechos laborales que sea superadores en comparación con los que cuentan ahora; la universalidad en el sistema de salud es la salida para las próximas emergencias, los sistemas de salud que vienen desarrollándose por países como EEUU no están funcionando, pero vemos países emergentes y algunos países desarrollados que el sistema gratuito para su población generó un aumento en la calidad de vida, Argentina con el sistema de salud universal que hoy rige y con su fortalecimiento debe ser un modelo de réplica, al menos por los organismos supranacionales en donde Argentina se encuentra inmerso.

    Fuente: https://mundovilla.com/pensarnos-un-nuevo-sistema-de-salud/

  • Informe UNESCO: Derecho a la educación superior en igualdad de oportunidades ante el COVID-19

    Informe UNESCO: Derecho a la educación superior en igualdad de oportunidades ante el COVID-19

    La pandemia del COVID-19 añade un grado más de complejidad a la educación superior en América Latina y el Caribe, que viene de enfrentar retos no resueltos, como son el crecimiento sin calidad, inequidades en el acceso y en los logros, y la pérdida progresiva de financiamiento público. Así lo indica el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC en su más reciente trabajo titulado COVID-19 y educación superior. Análisis de impacto, respuestas políticas y recomendaciones (IESALC, 2020), un documento en proceso que busca servir de referencia a los decisores políticos de la educación superior en la región en medio de la disrupción causada en el sector por el COVID-19.

    El informe inicia con los impactos inmediatos, a mediano y largo plazo de la pandemia sobre los distintos actores del sector: los estudiantes se han visto forzados a entrar en una dinámica no planificada de clases a distancia, que afecta su vida cotidiana, los costos y sus cargas financieras así como la continuidad de sus aprendizajes y la movilidad internacional. Quienes no hayan contado con una oferta de continuidad de calidad y con seguimiento individualizado, probablemente se irán desvinculando del ritmo académico y aumentando su riesgo de abandono del sistema. En el caso de América Latina y el Caribe, entrar en una fase de estudios a distancia requiere de una alta tasa de conectividad de calidad. Sin embargo, tan solo uno de cada dos hogares está conectado. “La paradoja es que, a pesar de que las tasas de conectividad en los hogares son muy dispares, las tasas de líneas móviles son extremadamente elevadas y superan, en muchos casos, la cifra de una línea por persona. Esto es, sin duda alguna, una oportunidad que las instituciones de educación superior (IES) deberían aprovechar, centrando sus esfuerzos en soluciones tecnológicas y contenidos para su uso en teléfonos móviles.”

    El acceso de los estudiantes a las tecnologías y plataformas requeridas para la educación a distancia (76%) y la propia capacidad real de las instituciones, en términos tecnológicos y pedagógicos, de ofrecer educación online de calidad (75%), deja por fuera a un 25% de estudiantes e instituciones. Muchas autoridades admiten que “el cambio de modalidad se hizo en una situación de urgencia imprevisible y que deberían, desde ya, planificar un próximo trimestre en docencia online con mayores apoyos pedagógicos y recursos, anticipando que la duración de la crisis vaya más allá de un trimestre. En este contexto, los profesores se constituyen como sector vulnerable, sobre todo en el caso de los contratados temporalmente o para materias prácticas, quienes corren el riesgo de quedarse sin trabajo por las características de sus empleos. Además, la brecha digital atenta contra la estabilidad de una mayoría que no cuenta con las herramientas y recursos para continuar con las clases en modalidad virtual.

    En este entorno crítico entra en juego la sostenibilidad financiera de las IES privadas: “Los flujos de caja podrían no llegar, generando problemas de supervivencia financiera. Esto puede ser crítico para las universidades privadas que no puedan garantizar la continuidad docente en modalidad virtual. Es probable que estas deban suspender temporalmente el cobro de aranceles y que algunas cierren.”

    RESPUESTAS INSTITUCIONALES ANTE EL COVID-19
    Las respuestas institucionales se han centrado en cubrir el frente sanitario, ajustar calendarios, contribuir desde la investigación y el desarrollo a mitigar la pandemia, garantizar la continuidad de actividades formativas por medio de la educación a distancia, y en apoyar con recursos bibliográficos y tecnológicos y también socioemocionales a la comunidad universitaria. En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Uruguay, universidades nacionales han comenzado a prestar servicios y producir bienes necesarios para afrontar el impacto de la pandemia, por ejemplo, produciendo alcohol en gel, barbijos y respiradores, además de desarrollar campañas de promoción de medidas de prevención.

    RECOMENDACIONES DE LA UNESCO
    El informe del IESALC recomienda a todos los actores de la educación superior prepararse cuanto antes para la reapertura de las instituciones, que probablemente se de en un contexto de recesión económica con recortes en la inversión pública en educación. En este contexto, la UNESCO hace un llamado a los Estados para que aseguren el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no-discriminación como primera prioridad, a través de marcos regulatorios, de financiamiento y de incentivos adecuados, así como de impulsos a iniciativas inclusivas, pertinentes y de calidad para “no dejar a ningún estudiante atrás“, en línea con el propósito principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esto implica atender las necesidades pedagógicas, económicas y también socioemocionales de aquellos estudiantes con mayores dificultades para continuar su formación en modalidades no tradicionales.

    A los gobiernos se les recomienda generar mecanismos de concertación que permitan avanzar conjuntamente en la generación de mayor capacidad de resiliencia del sector de la educación superior ante futuras crisis. Esto exige contar con la educación superior en los planes de estímulo para la recuperación económica y social; forjar un consenso nacional para una estrategia de fomento de la recuperación y de la innovación de la educación superior; dotarse de un entorno normativo claro en la reapertura de las aulas que genere seguridad; y comprometerse con la cooperación internacional.

    A las IES se recomienda anticiparse a una suspensión de larga duración, centrando los esfuerzos en asegurar la continuidad formativa y garantizar la equidad, generar mecanismos de gobierno, monitoreo y apoyo eficientes; diseñar medidas pedagógicas para evaluar formativamente y generar mecanismos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes en desventaja; documentar los cambios pedagógicos introducidos y sus impactos; aprender de los errores y escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo; así como promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje.

    Acceda al Informe COVID-19 y educación superior. Análisis de impacto, respuestas políticas y recomendaciones: COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después

    Fuente: http://www.iesalc.unesco.org/