La condena a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner fue el último eslabón de una larga cadena de atropellos y disparates judiciales. Tras el fallido intento de asesinato, el partido judicial recurrió a una práctica que las argentinas y los argentinos conocemos de sobra: la proscripción. Buscan eliminar de la competencia electoral a la dirigenta que, habiendo dejado un país desendeudado y con los salarios más altos de la región tras dos mandatos presidenciales y actualmente en ejercicio de la Vicepresidencia, concita la esperanza de vastos sectores de la población.
La plenitud democrática no admite exclusiones. La prohibición política conlleva inevitablemente un devenir institucional opaco, menguado, incapaz de transformar positivamente las vidas de las personas. Con fallos absurdos y de dudosa imparcialidad, la mafia mediática-judicial está horadando nuestros cimientos como nación y alterando el normal desarrollo de los quehaceres cotidianos. Más que salvaguarda del interés común, la justicia se ha convertido en escribanía de los negocios de unos pocos.
Las y los trabajadores organizados no solo tenemos derecho a elegir a nuestrxs representantes: es una obligación que nos constituye como tales. La historia nos ha dado muestras de que las proscripciones arrasan derechos, generan miseria y destruyen nuestra soberanía política e independencia económica.
Las organizaciones libres del pueblo, los movimientos sociales y los partidos políticos genuinamente democráticos deben arbitrar todos los medios a su alcance para detener de una vez por todas el proceso de degradación al que una banda de delincuentes está llevando a nuestra patria.
Derrotar la proscripción es defender la democracia.
Democracia. 40 años.
FEDUBA. Comisión Directiva.
