Adherimos a la solicitada publicada hoy en Página/12
Una vez más repudiamos el accionar del Poder Judicial de Jujuy contra Milagro Sala. La cruel e inaceptable persecución a la dirigente es un accionar impulsado por el gobernador Gerardo Morales, ahora candidato a vicepresidente, quien recientemente amenazara con enviarla a la cárcel común para disciplinar al pueblo jujeño.
A través de los algunos pocos medios de comunicación social, la opinión pública argentina ha sido testigo de las demandas genuinas del pueblo jujeño, expresadas por amplios sectores sociales de la provincia. Sin embargo una vez más por medio de un reiterado contubernio entre el poder político y el judicial -lawfare-, denunciado hasta el cansancio por las organizaciones sociales y de derechos humanos, el gobernador Morales intenta esconder su responsabilidad en la crisis que desató la movilización popular.
En el día de la fecha a partir de la supuesta denuncia de un informante anónimo se allanó su domicilio buscando pruebas de que la confección de 200 banderines de apoyo fueron «decisivos» para la protesta jujeña. No detuvo a Morales ni a sus representantes judiciales la enfermedad terminal de su marido Raúl Noro ni la peligrosa dolencia que afecta a Milagro, a la que a la vez se le niega permiso para su tratamiento en Buenos Aires.
Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en su carrera propagandística por la «mano dura» con la complicidad de los medios hegemónicos no vacilan en ejercer una violencia política e institucional inédita, inconcebible e inaceptable para nuestra legislación y el respeto que se le debe a la sociedad argentina en el marco del proceso electoral.
Reclamamos a las autoridades nacionales se pongan en funcionamiento los mecanismos institucionales pertinentes para restablecer el estado de derecho en la provincia y en la vida de Milagro Sala. Solamente su libertad inmediata podrá defenderla de la irracional persecución a la que es sometida.