Participamos de la reunión en la CTA-T donde organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos discutimos un plan de acción contra el proyecto del gobierno para bajar la edad de punibilidad.
La respuesta del Estado ante la problemática de la delincuencia juvenil no puede tratarse de este atropello a los derechos de las infancias.
Este intento del Gobierno de criminalizar a nuestros pibes y pibas se da en un contexto de ajuste y de desfinanciamiento de las políticas públicas de prevención y protección a las juventudes.
Mientras 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres, el Ministro de Justicia Cúneo Libarona y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich proponen un nuevo régimen penal para adolescentes con una lógica punitivista.
Ellxs no son la delincuencia, sino víctimas directas de la pobreza
