El gobierno de Milei decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para todo 2024, y luego extendió esta prórroga hasta 2025. Algo que, hasta ahora, nunca había ocurrido en la historia de Argentina. Esta medida se toma a pesar de la inflación acumulada, lo que implica que las universidades nacionales y el Estado en general siguen funcionando con el mismo presupuesto que se asignó en septiembre de 2022.
Este ajuste, que ya alcanza un 25% desde diciembre de 2024, golpea directamente los salarios de lxs trabajadorxs de las universidades. Dado que la mayor parte del presupuesto universitario se destina a sueldos docentes, el congelamiento de los recursos ha hecho que nuestros salarios se conviertan en la principal variable de ajuste. El resultado: quienes enseñamos, investigamos y sostenemos las universidades estamos por debajo de la media de los salarios del sector público y privado.
La magnitud de este recorte drástico no solo afecta a quienes trabajamos y defendemos el sistema público universitario, sino que pone en riesgo la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria. No podemos aspirar a una educación superior de excelencia mientras más del 60 % de lxs docentes universitarixs, en su mayoría ayudantes, JTP o adjuntxs, perciben salarios por debajo de la línea de pobreza.
