Compartimos la nota de nuestro compañero Adelqui Del Do sobre la importancia de la vigencia de los organismos de derechos en nuestro país, especialmente en la actual coyuntura, a cincuenta años del golpe cívico-militar, marcada por discursos negacionistas y el desfinanciamiento de áreas estatales
Dedicado a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo
A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la democracia argentina no puede pensarse al margen de la persistencia y la vigencia de los organismos de derechos humanos. Su protagonismo no sólo fue decisivo para enfrentar el terrorismo de Estado y acompañar a las víctimas durante la dictadura, sino que resultó estructurante para la reconstrucción institucional, la producción de verdad, la ampliación de derechos y la consolidación de una cultura democrática basada en la memoria, la justicia y la dignidad humana.
Entendemos a los derechos humanos como un conjunto de libertades y garantías orientadas a asegurar las condiciones indispensables para el desarrollo de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición. En este sentido, los derechos humanos posibilitan una relación integrada entre la persona y la comunidad, permitiendo a los individuos constituirse como sujetos de derecho, reconocerse a sí mismos y a los demás. Su carácter universal, inalienable, indivisible e interdependiente expresa una concepción integral de la dignidad humana.
Partimos de una premisa central: los derechos humanos no son una abstracción moral ni un catálogo cerrado de principios, sino el resultado histórico de procesos de lucha social, política y cultural, protagonizados por sujetos colectivos que disputaron poder frente a la exclusión, la violencia y la arbitrariedad. Como señala José Pablo Feinmann (2023), los derechos humanos constituyen una construcción histórica, inseparable de las condiciones concretas en las que emergen las demandas de justicia, reconocimiento e igualdad.
El concepto moderno de derechos humanos se consolida en el marco de la revolución francesa (1789), en el principio de igualdad ante la ley y en la ciudadanía política. Como subraya Eric Hobsbawm, la Revolución Francesa instituyó los principios políticos de la modernidad, al desplazar el fundamento del poder desde el orden tradicional hacia la soberanía popular. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableció así un nuevo paradigma: los individuos son portadores de derechos por su sola condición humana.
Sin embargo, en América Latina y particularmente en la Argentina, la noción de derechos humanos adquirió una densidad histórica específica. No se desarrolló únicamente como discurso jurídico o filosófico, sino como respuesta directa a la violencia estatal, al autoritarismo y a la sistemática negación de derechos. En nuestro país, la experiencia del terrorismo de Estado constituyó el punto de inflexión que otorgó a los derechos humanos una centralidad política, social y cultural sin precedentes.
La consolidación democrática argentina no puede comprenderse sin el protagonismo histórico de los organismos de derechos humanos. Estas organizaciones surgieron como respuestas colectivas frente a los golpes de Estado, la represión política, la persecución ideológica y la desaparición forzada de personas. En su conformación confluyeron víctimas directas, familiares, profesionales, militantes políticos, religiosos y referentes sociales que lograron transformar el dolor privado en acción pública, política y jurídica.
Su trayectoria no sólo acompañó el tránsito institucional iniciado en 1983, sino que configuró una ética pública basada en la memoria, la verdad y la justicia. Los organismos no actuaron únicamente como denunciantes de crímenes, sino como actores centrales en la producción de pruebas, en la construcción de legitimidad social para los reclamos de justicia y en la defensa irrestricta del Estado de derecho.
No obstante, la historia del movimiento de derechos humanos en la Argentina no estuvo exenta de tensiones, debates y diferencias internas. A lo largo de las décadas se desplegaron distintas estrategias de intervención, jurídicas, políticas, institucionales y de acción directa, también diversas formas de vinculación con los gobiernos democráticos. Estas divergencias, lejos de debilitar al campo, expresan su vitalidad, su heterogeneidad y su carácter profundamente político. Los organismos debieron disputar permanentemente agendas públicas, resistir retrocesos normativos, enfrentar demoras judiciales, limitaciones presupuestarias y, en no pocas ocasiones, la persistencia de prácticas represivas en el interior de las propias instituciones estatales. La consolidación democrática fue, y continúa siendo, un proceso atravesado por conflictos, negociaciones y disputas de poder.
Una mirada histórica permite reconocer un entramado organizativo amplio, diverso y articulado, que se fue ampliando a lo largo de décadas.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), fundada en 1937, constituye uno de los antecedentes más tempranos de la defensa organizada frente a la represión política. Durante la última dictadura cívico-militar desempeñó un papel central en la denuncia internacional de las desapariciones forzadas y de la existencia de centros clandestinos de detención. En la actualidad, mantiene su labor jurídica en la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), creado en 1974 por Adolfo Pérez Esquivel, se inscribe en la tradición de los movimientos cristianos comprometidos con los sectores populares y en una perspectiva ecuménica de defensa de la dignidad humana. El secuestro y la tortura sufridos por su fundador, y la posterior obtención del Premio Nobel de la Paz en 1980, otorgaron una visibilidad internacional decisiva a la situación argentina.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), surgida frente a los crímenes de la Triple A, se constituyó en una de las primeras y más sólidas trincheras de resistencia legal y moral al terrorismo de Estado. Sus integrantes participaron activamente en la CONADEP y aportaron documentación fundamental para la elaboración del informe Nunca Más.
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) articuló redes de acompañamiento material, legal y espiritual desde espacios religiosos, brindando apoyo a familiares de detenidos-desaparecidos y desarrollando tareas de protección y asistencia en un contexto de altísimo riesgo.
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas organizó tempranamente la demanda de aparición con vida, libertad a los detenidos y juicio y castigo a los culpables, condensando una consigna que se transformó en un núcleo ético y político del movimiento de derechos humanos.
Las Madres de Plaza de Mayo, desde 1977, inauguraron una forma inédita de intervención pública en el espacio político y simbólico. Su ronda semanal, sostenida durante casi medio siglo, constituyó un acto persistente de interpelación al poder estatal y a la sociedad. Más allá de su posterior escisión organizativa, su figura se consolidó como uno de los emblemas más potentes de la memoria colectiva argentina.
Las Abuelas de Plaza de Mayo introdujeron una dimensión fundamental en la lucha por los derechos humanos: el derecho a la identidad. La búsqueda de niños y niñas apropiados durante la dictadura impulsó innovaciones científicas, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y una institucionalidad específica orientada a la restitución de identidades. La restitución de nietos y nietas constituye uno de los logros más relevantes a nivel mundial en materia de justicia transicional.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aportó un perfil técnico, académico y estratégico al campo de los derechos humanos. Desde su creación en 1979, articuló investigación rigurosa, litigio estratégico e incidencia en políticas públicas, ampliando la agenda hacia la violencia institucional, los derechos económicos, sociales y culturales, y el campo de la salud mental.
La agrupación HIJOS, surgida en la década de 1990, representó una nueva generación política. Frente al escenario de impunidad consolidado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, introdujo el escrache como herramienta de denuncia social y construcción de memoria activa.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) constituyó un aporte científico decisivo para los procesos de verdad y justicia. Su labor en la identificación de restos de personas desaparecidas, tanto en Argentina como en otros países, permitió restituir identidades, producir prueba judicial y aportar verdad material allí donde el Estado había intentado borrar toda huella.
Finalmente, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) expresó la ampliación contemporánea del campo de los derechos humanos hacia las violencias estatales en democracia, denunciando prácticas de gatillo fácil, tortura, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia.
A cincuenta años del golpe cívico-militar, el rol de los organismos de derechos humanos no pertenece únicamente al pasado. Su vigencia se vuelve especialmente relevante en el contexto actual, caracterizado por la reaparición de discursos negacionistas sobre el terrorismo de Estado, por intentos de relativizar el carácter sistemático del plan represivo, por cuestionamientos públicos a los consensos construidos en torno a las políticas de memoria, verdad y justicia, y por procesos de debilitamiento institucional y presupuestario de áreas estatales dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos.
Frente a estos escenarios, los organismos continúan cumpliendo una función estratégica: producir información confiable, sostener la memoria histórica, acompañar a las víctimas de violencias estatales contemporáneas, litigar ante el Poder Judicial, incidir en políticas públicas y disputar sentidos en el espacio público. Su intervención no se limita a la defensa de los derechos civiles y políticos, sino que se extiende al campo de los derechos sociales, la salud, la educación, la vivienda, la salud mental y las condiciones de detención, entre otros.
En este marco, la universidad pública y el trabajo docente ocupan un lugar central. La producción de conocimiento, la formación de profesionales comprometidos con la democracia y los derechos humanos, la investigación aplicada, la extensión universitaria y la articulación con los organismos constituyen hoy un espacio estratégico de construcción de ciudadanía y de fortalecimiento institucional. Para el movimiento sindical universitario, y en particular para FEDUBA, la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad se encuentra indisolublemente ligada a la defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia, y al compromiso activo con la ampliación de derechos en la Argentina contemporánea.
Los organismos de derechos humanos representan hoy uno de los pilares más sólidos de la vida democrática argentina. Son garantes sociales frente a la tentación autoritaria, frente a la naturalización de la violencia institucional y frente a la fragmentación del lazo social.
La historia de estos organismos expresa, en definitiva, una de las experiencias más consistentes de construcción democrática en la Argentina contemporánea. Su legado no se reduce a la denuncia de los crímenes del terrorismo de Estado, sino que se proyecta como una pedagogía social de la memoria, una práctica sostenida de control ciudadano sobre el poder y una ética pública que afirma, aún en contextos de crisis, que no hay democracia posible sin verdad, sin justicia y sin derechos humanos.
Referencias Bibliográficas
Bonafini, H. (1985). Las Madres de Plaza de Mayo. Editorial Contrapunto.
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). (1997). Informe anual 1996: enero – diciembre 1996. Centro de Estudios Legales y Sociales.
Hobsbawm, E. J. (2011). La era de la revolución, 1789-1848. Crítica.
Lewin, M. B. (2022). Una grieta en el silencio: Una historia de las Abuelas de Plaza de Mayo. Planeta.
Feinmann, J. P. (2013). Filosofía y derechos humanos. Editorial Planeta.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (2006). Consecuencias actuales del terrorismo de estado en la salud mental. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Stolkiner, A. y Aluad, B (1985), Niños detenidos desaparecidos. Los efectos psicológicos de la represión. Mimeo.
Ulloa, F. (1995), Novela clínica Psicoanalítica, Buenos Aires, Paidós.