Hace más de un año conquistamos una Ley de Financiamiento Universitario que implica la recomposición de nuestros salarios, la actualización de las becas estudiantiles y el incremento de partidas para gastos de funcionamiento y hospitales.
Ayer la justicia nos dio la razón fallando sobre la cuestión de fondo: Milei debe cumplir la Ley. Esta decisión responde al reclamo de la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto.
Pero el Gobierno sigue sin aplicarla, consolidando la pulverización de nuestros salarios y la destrucción del sistema público universitario que desprecia.
Por eso, el 15 de octubre volvemos a las calles para defender la Universidad Pública, nuestra soberanía y rechazar el DNU 70/23.
