En un conexto de conflictividad donde los sindicatos han anunciado el No Inicio del ciclo académico 2026 por el incumplimiento por parte del gobierno de un fallo judicial que ordena la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno ha hecho trascender su voluntad de llevar al congreso una nueva ley de financiamiento, en línea con su política de ajuste.
«Este nuevo proyecto, del que se conoce un borrador, implica un gran retroceso respecto de la Ley Vigente. De aprobarse, significaría que perdemos todo lo que debemos recuperar salarialmente de 2024 y también perdemos parte de 2025, a cambio de un aumento de 3 cuotas del 4% y una promesa a futuro de ajuste por IPC» señaló Pablo Perazzí, Secretario General de FEDUBA. «El gobierno sabe que estamos a las puertas de un nuevo ciclo de conflicto ante la decisión del No Inicio y con esto le echa más leña al fuego. La realidad es que para sostener la ficción del equilibrio fiscal, le robaron a los profesores universitarios el equivalente a ocho meses de sueldo» completó Perazzi.
«Esto ocurre en el contexto de un cambio en la composición del Congreso que permitió entre otras cosas avanzar con la Reforma Laboral. El gobierno pretende montar ese mismo esquema de alianzas para quebrar el movimiento universitario y dar por tierra con la Ley de Financiamiento que nos llevó dos años de pelea en las calle. Eso no lo vamos a permitir. De ser necesario, vamos a volver a movilizar a la comunidad universitaria contra el proyecto del gobierno» sostuvo por su parte Federico Montero, dirigente nacional de FEDUBA y CONADU.
Una pulseada a semanas del No Inicio del ciclo académico 2026
Esta ofensiva del gobierno ocurre tras varias derrotas que sufrió frente al movimiento universitario. En primer lugar, el movimiento universitario pudo quebrar el veto del presidente a la Ley de Financiamiento 27.795, obteniendo un apoyo de dos tercios en ambas cámaras. Luego, el gobierno quiso derogar la 27.795 a través del proyecto de Presupuesto 2026, intención que también fue rechazada en el Congreso. Otra derrota del gobierno fue la cautelar a favor de la implementación de la Ley en el Juzgado del Juez Cormick, allí el gobierno apeló la cautelar y además está intentando remover al juez.
Este miércoles, el Gobierno nacional apeló la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se produjo luego del fallo que ordenó al Estado nacional actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades.
En su fallo cautelar, la justicia consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Ante eso, el gobierno quiso remover al juez, y sostuvo que el magistrado, por desempeñarse como docente universitario, integra el grupo de personas beneficiadas por la medida de recomposición salarial. Sin embargo, la Cámara no dio lugar a la recusación y ahora tiene que decidir si ratifica la cautelar.
En el marco de esa pulseada, donde el gobierno aparece acorralado, ahora busca ir al origen del problema y cambiar la ley.
Una ley que entrega las conquistas y consolida el ajuste
El nuevo proyecto del gobierno, del que se conocen borradores, implica una fuerte pérdida respecto de lo obtenido en la actual ley vigente y que la justicia ordena cumplir. Además de mantener cerradas las paritarias, implica derogar los artículos que reconocen la deuda que el gobierno tiene con los trabajadores docentes, no docentes y estudiantes por el ajuste de 2024 y 2025.
La disputa fiscal real no es solo presupuestaria, Es un cambio de régimen de financiamiento, que pasa de indexación de acuerdo a la inflación a una negociación discrecional donde los sindicatos no participan.
Consecuencias estructurales probables de aplicarse el proyecto del Ejecutivo:
- Se mantiene la transferencia del ajuste a salarios.
- Desfinanciamiento progresivo por inflación.
- Desinstitucionalización del sistema de negociación colectiva en las universidades.
- Pérdida de poder adquisitivo de las becas estudiantiles.
- Desaparecen los fondos de fortalecimiento de Ciencia y Técnica y de Extensión en las Universidades.
- El financiamiento de los Hospitales Universitarios deja de estar atado a la evolución de la inflación y pasa a ser una suma fija.
- Incentivo indirecto a arancelamiento y privatización parcial.