El pasado 23 de agosto, el docente de la Facultad de Derecho de la UBA Roberto Gargarella, emitió a través de su cuenta oficial de Twitter una declaración que hace apología a la última dictadura militar de nuestro país, ninguneando a través de una comparación absurda con la causa vialidad a lo que fue un verdadero genocidio para nuestro pueblo.
Es conocida la postura antipopular que predica este personaje, el cual lamentablemente forma parte del cuerpo de profesores de nuestra honorable casa de estudios, por lo cual no es para sorprenderse que pueda llegar a emitir declaraciones que choquen contra el sentido común de quienes entendemos las garantías que establece nuestra Constitución, quienes creemos en el ideal de justicia, quienes militamos por la justicia social para que cada vez haya en nuestro país menos desigualdades y quienes en pos de estos ideales decidimos ejercer la docencia universitaria para contribuir con la formación de profesionales que ejerzan su profesión en función de crear una sociedad más justa y solidaria.
En este sentido es que si bien no nos sorprende una declaración de este personaje que vaya en contra de los valores del pueblo, no podemos dejar pasar que hoy a 46 años de la dictadura militar y a 37 años de los juicios a las juntas, modelo en el mundo en materia de procesos judiciales de memoria verdad y justicia, se hagan declaraciones minimizando el flagelo que fue para nuestra sociedad aquel periodo sangriento que no solo acabó con una sociedad diezmada sino que acabó también con un país colonizado a través de una deuda ilegitima.
No podemos permitir, que estos personajes pregonen tan alegremente este tipo de declaraciones en contra de la Argentina, sin ningún tipo de consecuencia.
Por ello es que expresamos nuestro más profundo rechazo y nuestro más enérgico repudio a las declaraciones hechas el pasado 23 de agosto en Twitter por el sociólogo Gargarella.
Esperamos que el reclamo llegue a oídos de las autoridades académicas de la UBA para que no quede impune un insulto tan grande al proceso judicial realizado por la justicia civil en la Argentina en 1985 y retomado en el año 2003 que es modelo en el mundo en materia de reparación a las sociedades víctimas de terrorismo de estado y a la lucha de los organismos de derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia.