Federico Montero habló con la AM530 sobre la medida cautelar dictada por el juez Cormick, que ordena cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. Explicó que, desde que asumió Javier Milei, se decidió “establecer el desfinanciamiento del sistema universitario y científico-tecnológico”, y que la movilización de docentes y no docentes, combinada con la acción legislativa, permitió sancionar leyes de financiamiento que, en el primer año, fueron vetadas, pero que este año lograron consolidar la mayoría necesaria para su ratificación.
Montero resaltó que la discusión trasciende lo estrictamente salarial y que la pelea no es por “una universidad de élite, sino parte de una discusión más integral sobre el modelo de país e incluso sobre la institucionalidad que rige en la Argentina”. En ese marco, destacó que la medida cautelar abre un nuevo frente de debate sobre la vigencia de la institucionalidad y representa “un espaldarazo” a la defensa del sistema público universitario, aunque aclaró que no constituye una solución de fondo.