Somos FEDUBA: hoy, JULIÁN FERREYRA

15 julio, 2016 / TAGS:

En “Somos FEDUBA”, compartimos pensamientos y experiencias de proyectos de nuestros colegas docentes y afiliados. Hoy, Julián Ferreyra: Licenciado en Psicología y docente en la cátedra de Salud pública y Salud mental II.

julián

– ¿Cuál es tu formación académica? ¿Dónde te formaste?

– Soy Licenciado en Psicología. Me formé en la UBA entre 2008 y 2012. A su vez soy Especialista en Política y Gestión de la Salud Mental, carrera que desarrollé también en la Facultad de Psicología de la UBA. Tengo formación en clínica psicoanalítica, actividad que ejerzo en la CABA de manera particular. Mi formación docente e investigativa principal es en el campo de la salud colectiva-salud mental desde una perspectiva de derechos.

– ¿En qué proyectos estás trabajando?

Me dedico a la práctica clínica en el ámbito particular, como así también a la docencia e investigación dentro de la Cátedra II de Salud Pública/Salud Mental en la Facultad de Psicología de la UBA. Me encuentro desarrollando una beca de iniciación en salud pública destinada a pensar la participación de las organizaciones de usuarios en salud mental dentro de un ámbito particular, el Consejo Consultivo Honorario en Políticas de Salud Mental y Adicciones, creado por la Ley Nacional de Salud Mental. A su vez me dedico a la investigación y algunas horas de docencia en el marco del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en donde específicamente trabajo la temática infancias y derechos.

– Formaste parte de la cátedra de Psicología, Ética y DDHH en Psicología en la UBA. ¿Qué balance hacés de esa experiencia?

El caso de Ética es quizás, y lamentablemente, la primera embestida por parte de la gestión de nuestra Facultad (Convergencia Académica-Cambiemos) para achicar el trabajo docente, esto es, emprender un ajuste encubierto so pretexto de la promoción de “nuevos concursos”. Así, no sólo se degrada la carrera docente, los derechos adquiridos de los mismos, sino también la función del concurso académico, que es una instancia para que los docentes puedan afirmar y formalizar su labor y cargos, y no justamente una instancia “filtro”.

Se observa con preocupación la discrecionalidad que desde la gestión se tiene en la asignación de cargos y en miramiento por los planteles de las cátedras, equipos de investigación, espacios ligados a la extensión, etc. Es el caso de Ética y DDHH un ejemplo del modelo de universidad que la gestión tiene, en donde no privilegia el interés o carácter públicos sino más bien una lógica mercantil, centrada en la supuesta eficiencia. Una gestión que degrada a la política por mostrarse solamente como meros “administradores” de los reglamentos, haciendo un uso y una interpretación siempre sesgada de los mismos. En este sentido, el conflicto aludido está repercutiendo directamente en la estabilidad laboral de los docentes, primero, y en la calidad en la enseñanza, segundo, ya que la cátedra se verá obligada a reducir horas y tiempo dedicado a la investigación, a la actualización curricular y a la extensión.

Lo ocurrido tuvo como efecto una masiva solidaridad de los colegas, docentes y estudiantes, entendiendo la gravedad de la situación y ubicando a esta cátedra como un espacio interesante, serio, con trayectoria y a su vez con una matrícula anual que de ningún modo justificaría una reducción de comisiones de trabajos prácticos ni de cargo alguno de JTP.

5) ¿Con qué relacionas el inicio del ajuste sobre una cátedra de derechos humanos y otra de psicología del trabajo?

Es lícito hacer una lectura a la letra de esto, en tanto los derechos humanos y el trabajo son palabras sumamente cargadas, y hasta a veces molestas, para lo que representa un determinado modelo de Estado, el planteado por el actual gobierno, en el cual dichas ideas-fuerza no sólo son vapuleadas simbólicamente sino también en lo concreto, ejerciendo acciones desde lo público que debilitan las políticas, los equipos, la experiencia y fuente de trabajo de muchas personas. Pero a su vez, al interior de nuestra Facultad, son éstas dos cátedras que, con matices y diversidad, se presentan como plurales, amplias en sus posiciones teóricas y políticas, lo cual no abunda en una casa de estudios caracterizada por la obediencia hacia la gestión actual (Convergencia Académica, emparentada políticamente con el PRO-Cambiemos). Es decir, cátedras conformadas por docentes que profesan en sus clases y actos una forma de comprender a la universidad pública de un modo contrario a dicha gestión.

– ¿Cuál es tu vinculación con el área de salud mental?

Muy tempranamente en mi formación me interesé por pensar a la práctica en psicología dentro del marco más amplio del campo de la salud mental. Recorte o sub-campo dentro de la Salud que alumbra la necesidad de visibilizar y hasta a veces “poner en agenda” a las problemáticas, prácticas, actores y sobre todo usuarios del campo de la salud mental. Así, comencé como ayudante alumno de una materia que se llama Salud Pública/Salud Mental, donde actualmente me desempeño como docente. A su vez, cursé un posgrado ligado a la materia, y hasta marzo de este año me dediqué a trabajar en distintos ámbitos nacionales públicos de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental.

– ¿Cuál es tu opinión sobre posibles cambios en la Ley de Salud Mental?

Basándome en cierto conocimiento del campo y de los actores que hoy en día tienen a su cargo la conducción de los ámbitos de aplicación de la Ley, más que hacerle cambios al texto de la Ley o a su Reglamentación (cuestión igualmente posible), me inclino a pensar que la modalidad que llevarán a cabo será más bien la de no-hacer. Esto es, tal como se efectúo en la CABA con la Ley de Salud Mental nº 448, no se toca el texto de la ley, no se la deroga; hasta incluso se la ignora o niega, pero sobre todo no se cumple con ella.

Esta gestión actual, conducida por el Dr. André Blake, públicamente ha dicho todos estos años que ellos “no subscriben” a los preceptos de la Ley Nacional, lo cual da lugar a pensar que su gestión se basará como mucho en hacer buena letra, pero enfocando la política en salud mental en cuestiones más ligadas a las prácticas tradicionales, hospitalocéntricas y portadoras de una concepción de sujeto cargada por la idea de déficit, incapacidad o pasividad. No efectuarán una apuesta a rever, reformular y criticar las lógicas y prácticas manicomiales (pilar central de la Ley), ni mucho menos a ponderar modalidades de abordaje centradas en la comunidad, las redes y bajo una concepción de sujeto de derecho.

En este sentido, probablemente tengamos una política en salud mental chata, sin ningún tipo de innovación y eminentemente centrada en una lectura de la realidad simplista y médico-hegemónica. Si justamente la Ley Nacional vino, principalmente, a instalar la temática en la agenda pública y a plantear la intersectorialidad y la apuesta a enfoques complejos, participativos y a una reconfiguración del campo de la salud en su conjunto, se presume que la actual gestión tenderá a retornar a la salud mental a su lugar accesorio. Y en lo que la psicología respecta, a un intento de volver a la vieja escena del psicólogo como mero auxiliar del médico o psiquiatra (esto mismo es válido para otras disciplinas y saberes tales como el trabajo social, la terapia ocupacional, etc.).

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