Jeimar Cogollo y María Bosco, compañerxs de FEDUBA y profesionales de la salud, nos cuentan cómo, tras 7 días de paro de actividades, incluidas las guardias, y movilizaciones hacia la Legislatura y la Jefatura del Gobierno porteño, lograron el veto de la ley que buscaba precarizar su trabajo.
Un año después de la aprobación de la ley 6035/2018 donde no se reconoce a lxs licenciadxs en Enfermería, Bioimágenes e instrumentación Quirúrgica como profesionales de la salud; el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intenta profundizar la precarización laboral en el ámbito de la salud pública por medio de la ley 2828/2019; una ley que define la residencia como «un régimen de formación de postgrado en servicios y contextos de trabajo para profesionales de reciente graduación, remunerado, acotado en el tiempo, intensivo y altamente calificado».
Se trata de un nuevo «Régimen de Residencias de Equipos de Salud y Apoyo a los Equipos de Salud» aprobada por la legislatura porteña el pasado jueves 28 de noviembre en el marco de una gran represión por parte de la policía contra los profesionales que se concentraron en las puertas de la legislatura. Entre los artículos que los residentes cuestionan, está lo que se considera «la legalización de jornadas laborales extenuantes, que pueden superar las 60 horas semanales» y el «sostenimiento del régimen de concurrentes»; es decir, profesionales de la salud que cumplen las mismas tareas que los residentes, pero sin remuneración. En otras palabras, buscaban formalizar lo que ya pasaba en los hospitales.
En el marco de esta ley, que se votó con 34 votos a favor (todos de Vamos Juntos y sin el voto de los bloques opositores porque no pudieron ingresar al recinto y con la abstención de Evolución), la asamblea de residentes y concurrentes de los 11 hospitales porteños votó un paro por tiempo indeterminado que continuó hasta el día de hoy. Gracias a este paro y a la movilización se logró el veto de la ley por parte del ejecutivo y su participación en la mesa para la elaboración de una nueva ley de residentes y concurrentes.
Uno de los focos de conflicto que se dio con esta nueva ley es la cuestión salarial. El salario de un residente de primer año es de $35.000. Entonces, si cubriera 64 horas semanales en lugar de las 40 sobre las que se estima su ingreso no percibiría 24 horas extras. Otra duda es cómo se ajustará ese monto. La ley no aclara si será por paritarias o por los sueldos de planta; solo dice que será «por acta de negociación colectiva».
Las sanciones disciplinarias son otro punto de conflicto. Incluyen la suspensión de hasta 10 días por el incumplimiento reiterado del horario o sus obligaciones y las inasistencias injustificadas, o la rescisión del contrato de residencia por abandono de tareas, inasistencias injustificadas de más de 10 días, una falta grave «que perjudique material o moralmente a la administración» o condenas judiciales.
A esto se suma que en dicha ley los días de licencias son inferiores a los días de lxs profesionales de planta permanente: reduce la licencia por maternidad o paternidad de 30 a 14 días y la licencia por estrés profesional de 10 a 7 días.
Es por eso que lxs profesionales de la salud y la sociedad en su conjunto debe estar atenta a que se cumpla el compromiso del veto de esta ley firmado por el presidente del bloque oficialista Daniel Presti.
La lucha de lxs residentes y concurrentes ha sido un claro ejemplo de organización ante el ajuste hacia lxs trabajadores de la salud. Es por eso que desde la asamblea de residentes y concurrentes acompañamos hoy a la legislatura a lxs enfermerxs que siguen pidiendo su inclusión a la ley de carreras profesionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.