En el marco de la VII Semana de la comunicación y organizada por la cátedra de Derecho a la Información dirigida por Damián Loreti, se presentó el libro de nuestro compañero Sebastián Rey (Secretario de Derechos Humanos de FEDUBA): «La Argentina en el banquillo».
De la actividad participaron Andrea Pochak (abogada de Eduardo Kimel en el Caso Kimel vs. Argentina), Diana Wassner (Memoria Activa) y Pablo Mémoli (Víctima en el caso Mémoli vs. Argentina).
Tras la presentación de Damián Loreti (Abogado y docente UBA ), Larisa Kejval (Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA) resaltó el valor de esta charla como referencia de las luchas por los Derechos Humanos y la libertad de expresión en nuestro país.
Pablo Mémoli relató su experiencia investigando las maniobras de la Municipalidad de San Andrés de Giles para otorgarle a la Asociación Italiana una fracción de terreno en el Cementerio Municipal, que fue utilizado para la construcción de nichos. Como periodista, Pablo denunció esta defraudación en un artículo que fue publicado en un diario local, y que provocó un ataque feroz hacia el medio y amenazas hacia su persona. Dos años después, el Juzgado en lo Criminal y Correccional de Mercedes le introduce una demanda penal por calumnias e injurias y lo condenan a dos años de prisión en suspenso, por lo que decide apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aceptó el caso recién en el año 2008. Finalmente, se logró la sanción de cuatro jueces de Mercedes y una sentencia internacional de la Corte IDH que obligó al Estado a levantar las inhibiciones, condenando a la Argentina por violar las garantías judiciales. “Fueron 25 años de lucha por un tema en el que estaba absolutamente convencido porque había dicho la verdad, pero las distintas circunstancias hicieron que se transforme en una guerra jurídica nacional e internacional” concluyó.
Andrea Pochak explicó que la agenda de libertad de expresión de Argentina se basa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que inspiró las reformas en materia de desacato, despenalización de calumnias e injurias y acceso a la información pública. Pochak fue abogada del caso Kimel, que fue paradigmático en tanto se logró una sentencia de la Corte Interamericana, que desembocó en una reforma de la normativa argentina. Eduardo Kimel fue un periodista que investigó la masacre de los curas palotinos en la iglesia de San Patricio durante la última dictadura cívico militar, y publicó un libro donde criticó el desempeño del juez Rivarola a cargo de dicha causa. Por esos dichos, Rivarola le inició a Kimel una causa penal por desacato, quien finalmente fue condenado por el delito de calumnias. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudió a la CIDH con el objetivo de despenalizar las expresiones de interés público en Argentina. Finalmente se consiguió anular los efectos de la sentencia y reformar la normativa de nuestro país. A partir del caso de Eduardo se logró la reforma penal además de la revisión de su condena, utilizando como argumento la ley penal más benigna. “El sistema Interamericano es útil en la medida que se realice una militancia activa, porque la voluntad política no siempre alcanza para enfrentar la resistencia de los poderes judiciales” sintetizó.
Diana Wassner narró su historia como víctima del atentado a la Amia, donde fueron asesinadas 85 personas, y el modo en que primó el interés político por sobre la investigación, en este caso cargado de irregularidades judiciales. En el año 1999, y patrocinado por el CELS, se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano declarando la falta de prevención del atentado y la denegación de justicia por parte del Estado argentino. De este modo, la CIDH nombró a un veedor para que acuda al juicio oral, donde finalmente se demostró que hubo una invención de los culpables como maniobra de encubrimiento por parte del Estado, así como la falta de investigación respecto de los verdaderos autores materiales del hecho. En el año 2005 el Estado argentino reconoce la culpabilidad y mediante la firma de un decreto se propone una agenda de trabajo para garantizar la investigación del atentado. Wassner advierte que pocas de las cuestiones detalladas en el decreto se cumplieron, pese a que se incluyó la solicitud de medidas para facilitar el acceso a la información de inteligencia y la transparencia de los fondos reservado de la Secretaria de Inteligencia. El año pasado se obtuvo una sentencia por un nuevo juicio contra los encubridores que recibieron penas menores. Finalmente en septiembre de este año la CIDH se expide en un informe, que plantea que el Estado ha violado el derecho a la vida y a la integridad de las personas, así como las garantías para una protección judicial adecuada. “Los familiares también somos considerados victimas para la CIDH y esto ha sido un gran avance, porque tenemos derecho a saber la verdad más allá de que hayan pasado tanto tiempo. Esperamos que finalmente el Estado cumpla y que no le vuelva a pasar a nadie lo que nos paso a nosotros, de tener que luchar años contra molinos de viento” afirmó.
El cierre estuvo a cargo del autor, Sebastián Rey, quien explicó que el libro fue el resultado de 4 años de investigación donde intentó mostrar la trama detrás de los casos de violaciones a los derechos humanos, dándoles voz a las víctimas y contando sus expectativas en los litigios a nivel nacional e internacional. “Fui muy leal a mis entrevistados y entrevistadas y publiqué hasta lo que no estoy de acuerdo porque me parecen que forma parte de estos 45 años de historia desde la última dictadura argentina” aclaró.
Se propone un recorrido a través de los casos, pero también a partir de las gestiones de los diferentes gobiernos y las políticas de derechos humanos en la Argentina, explicando como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha permitido la realización de importantes reformas a nivel normativo. “La Argentina en el banquillo» refleja que las soluciones en materia de derechos humanos son siempre políticas, tanto en la decisión o no de cumplir una sentencia, como de avanzar o no en una negociación.
En relación a la libertad de expresión, se han logrado gran cantidad de reformas en nuestro país que han impactado en el resto de la región y generaron modificaciones legislativas, tal como ocurrió con el caso de Horacio Verbitsky que logró la derogación penal del desacato. Asimismo, el libro también muestra que las estrategias de las víctimas y sus abogadxs no siempre se lograron llevar a cabo.
Rey destacó las diferencias que realizó la corte respecto a opiniones e información, en tanto las opiniones no son ni verdaderas ni falsas, por lo que nadie puede ser sancionadx por una opinión. La modificación del tipo penal de la Ley 26.551, si bien no dejó satisfecha a todas las partes, logró que las expresiones de interés público queden fuera de una posible sanción. El problema es qué se considera de interés público, como ocurrió con el caso de Pablo Mémoli.
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