El viernes primero de octubre se realizó la última Clase Abierta del PADOC en la que participaron Fernanda Saforcada (UBA/UNSAM/UNO), Lucía Trotta (UNLP/IEC CONADU), Daniela Atairo (UNLP/IEC CONADU) y Gabriela Bonilla (IEAL).
Fernanda Saforcada resaltó que el punto de partida para abordar la privatización y mercantilización de la universidad, un tópico de suma relevancia para la región, es la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008) que ratificó que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y un deber de los Estados. La tendencia a la privatización de la educación superior atravesó procesos muy significativos en la última década en un contexto de hegemonía neoliberal. De este modo, se sucedió una enorme expansión en la matricula, en el número de instituciones y carreras que llevó a una precarización de las instituciones públicas. Paralelamente el conocimiento fue visto como oportunidades de negocios y un servicio comercializable. “La suma de estas cuestiones fueron las que conformaron un escenario propicio para el impulso del proceso de privatización, que son una constante desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad. Si bien se ubica una marcada aceleración a partir de los años 90 también se sucedieron momentos durante los gobiernos post neoliberales, donde la tendencia a la privatización deja de ser un componente central y convive con políticas de fortalecimiento del sector público” sintetizó.
Gabriela Bonilla presentó algunas de los rasgos centrales y definió a la caracterización de los sistemas de educación superior de la región como “hiperprivatizados” en tanto América Latina junto con Asia son de las regiones más afectadas por la mercantilización de la universidad. En coincidencia con Saforcada advirtió sobre el crecimiento de la matricula de estudiantes que también implicó un crecimiento exponencial del sector privado, llegando a alcanzar el 50% a partir del año 2003. Si bien hay diferencia entre países, actualmente dos de cada tres universidades en América Latina son del sector privadas. Con respecto al gasto, la evolución arroja un crecimiento exponencial en los último años que presenta divergencia entre países, al mismo tiempo que la dimensión de graduadxs muestra como se ha ido incrementando la participación del sector privado. Asimismo, la expansión de la universidad privada en América Latina se dio mediante diferentes “olas”, donde podemos ubicar la primera en la década del 40 con las universidades de la iglesia católica que disputan con el modelo reformista. La segunda etapa se da durante los años 60 en un contexto de masificación y lo que algunos sectores denominaron “falencia del sector público” y perdida de su carácter elitista. Finalmente acontece la tercera ola de los años 90 donde proliferen instituciones de formación superior más vinculadas al mercado. “A causa de estas tres olas se pasa de un modelo monopólico público, a un modelo que articula una compleja matriz institucional, en el cual podemos distinguir una cuarta etapa durante los años 2000 que tiene la particularidad de desarrollarse en un contexto de definición de la educación superior como bien público y un derecho, así como un aumento de las regulaciones gubernamentales y la presencia de actores que intentan contrarrestar estos procesos” afirmó.
A su turno, Daniela Atairo se refirió a estos procesos de privatización de la educación superior en contexto de pandemia, que irrumpió en un escenario heterogéneo y suscitó diferentes respuestas de acuerdo a la situación económica, sanitaria y política de cada país. Además, es posible identificar tres dimensiones que condicionaron dichas respuestas: el grado de privatización de la educación superior, el desarrollo previo de la educación a distancia y el grado de avance al acceso a la educación superior. Es necesario destacar que algunos países contaban con normativas específicas así como capacidades institucionales e infraestructura tecnológica que generaron mejores condiciones para la continuidad de la enseñanza así como atender a las desigualdades en cuanto acceso a la educación superior en la región y la brecha digital. De esta manera las acciones para implementar una educación remota así como el cierre de las instituciones han consolidado las tendencias a la privatización de la educación superior en América Latina, tensionando la efectivización de esta como un bien público y un derecho humano. En este contexto de pandemia, se construyó un discurso para realizar un salvataje financiero al sector privado universitario que propició medidas gubernamentales orientadas a asistir al sector. “Si bien se presentaron como medidas de inclusión educativa terminan incrementando la transferencia de subsidio público al sector privado, con el fin de sostener el mercado. Respaldado por organismos internacionales, se profundizaron los procesos de privatización, permitiendo que estos actores se posicionaran como interlocutores del cambio universitario en base a la idea de convertir esta crisis en una oportunidad para la innovación” concluyó.
Siguiendo lo expuesto por Atairo, Gabriela Bonilla se refirió a como la expresión nacional del comercio educativo está alineada con una agenda mundial que impone condiciones para que el comercio educativo sea la norma. En consecuencia, la tendencia coincide con los parámetros del banco mundial respecto a impulsar préstamos centrados en reformas educativas, construir discursos de permanente ataque a lo público y facilitar la participación del sector privado en el diseño de políticas educativas. Ya en los años 90, los organismos internacionales planteaban que había que redirigir los fondos destinados a educación superior, en tanto eran desproporcionalmente altos, y destinarlos a la educación secundaria y primaria. Del mismo modo se plantea como un hecho profundamente innovador la idea de vender servicios educativos transnacionales a través de sistemas de franquicias y mediante el apoyo de herramientas digitales, que terminan favoreciendo la dirección de fondo públicos a universidades privadas. “Se trata de una mirada homogénea respecto a lo que se espera de los países del sur, que recomienda la flexibilización de las condiciones de trabajo del sector educativo, la reducción de las materias, así como avanzar en modelos de evaluación estandarizada. Responde a una perspectiva que se apoya en la necesidad de reducir el gasto en educación universitaria para concentrarse en los niveles primarios y secundarios, generando una disputa artificial” detalló.
Al cierra, Fernanda Saforcada llamó a poner nuestra atención en las prácticas de mercantilización al interior del sector público así como en las finalidades políticas e ideológicas de los procesos de privatización, que conviven con los intereses comerciales.
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