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Unidad de las trabajadoras. El sindicalismo es con nosotras

Desde el Km. 0 del Peronismo en Berisso, el sábado 16 de octubre se realizó un acto de las mujeres sindicalistas por el Día de la Lealtad. Compartimos el comunicado de las mujeres sindicalistas de la CTA de lxs Trabajadorxs, Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Corriente Federal de Trabajadorxs – CGT RA, CTA Autónoma, Frente Sindical para el Modelo Nacional, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular.

 

Unidad de las Trabajadoras

Las trabajadoras organizadas de las centrales sindicales y la economía popular estamos hoy aquí reunidas en éste lugar desde donde nació la movilización popular del 17 de octubre, honrando la gesta histórica en defensa de los derechos conquistados por la clase trabajadora. Nos inscribimos en esta historia, somos hijas de las “María Roldan” y de las miles de mujeres sindicalistas invisibilizadas a lo largo de la historia. Reafirmamos nuestro camino de unidad que nació al calor de la resistencia a las políticas del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, convencidas de que ésta unidad debe crecer cada vez más para fortalecernos dentro y con nuestras organizaciones y para ampliar el proyecto nacional, popular, democrático y feminista que vuelve a estar en peligro. Esta unidad es la apuesta esperanzada a transformar aquella resistencia que articulamos en las calles contra cuatro años de políticas de ajuste y entrega de nuestros recursos y riquezas al capital financiero internacional, que provocaron la destrucción de la producción nacional, endeudamiento, desempleo y pobreza, a la lucha constante contra el capital financiero concentrado y las corporaciones mediáticas y judiciales.

¡La deuda es con nosotres!

A esta situación de crisis provocada por un feroz endeudamiento con el FMI, a quien en 2017 las mujeres sindicalistas le gritamos que ¡NO!, se le sumó la tragedia de una pandemia mundial, situación inimaginada por cualquier gobierno y que hizo tambalear hasta a las grandes economías. Aquí, todos y todas hemos sufrido la imposibilidad de ver a nuestras familias y amigos, de despedirnos de algunos de ellos, y los sectores populares se han visto especialmente afectados por la imposibilidad de trabajar. La apuesta a fortalecer el sistema de salud y la campaña de vacunación más importante de nuestra historia llevada adelante por nuestro gobierno, nos permiten hoy mirar al futuro y afrontar con esperanza los desafíos que tenemos por delante. Estamos aquí de nuevo, nos volvemos a encontrar en las calles que son nuestras, ¡también gracias a esto!

Es fundamental consolidar el proyecto popular en el gobierno, ampliando nuestra representación en el Congreso, y poniendo toda nuestra fuerza militante en la organización y movilización popular para defender el interés de las mayorías frente a los poderes fácticos. La reactivación económica que necesitamos para salir de la crisis debe trazarse sobre un horizonte de justicia social, atendiendo a las necesidades más urgentes de los sectores populares, y abriendo el camino hacia una reconfiguración del mundo del trabajo y la producción que permita establecer las condiciones para una justa distribución de la riqueza en nuestro país. Por eso necesitamos un presupuesto a la medida de nuestro pueblo y no del FMI que garantice Las políticas que se requieren para dar respuesta a esta coyuntura tan compleja, así como aquellas que deben proyectar las transformaciones estructurales que resuelvan las tareas pendientes para un desarrollo soberano centrado en el bienestar de nuestro pueblo. Políticas que además tienen que asumir una clara perspectiva de género porque no hay justicia social sin feminismo popular.

¡Trabajadoras somos todas y todes!

Es necesario democratizar el mundo del trabajo, terminar con las exclusiones, y las brechas, con la segregación de las actividades laborales por género, y con los techos de cristal. La presencia de las mujeres y diversidades en el mundo del trabajo lleva las marcas de la desigualdad, la precariedad, la discriminación y la violencia. Los obstáculos que encontramos para acceder al empleo con derechos se traducen en falta de ingresos, inestabilidad, subempleo, inseguridad, y pobreza. El trabajo de cuidados que recae en familias y comunidades sobre nosotras, no reconocido ni remunerado, condiciona fuertemente nuestro ingreso al pleno empleo formal y limita nuestra participación sindical. Las ocupaciones feminizadas son aquellas que tienen salarios más bajos, un alto grado de informalidad e invisibilidad, como es el caso de las trabajadoras de la economía popular. El impacto de la crisis económica es mucho más severo en estos sectores, que la pandemia ha revelado como absolutamente esenciales para el cuidado de la vida y para la resolución de las necesidades básicas de la sociedad. Situación que se evidencia también en trabajadoras asalariadas formales, en especial del sector salud cuyo rol ha sido y es
esencial en la lucha contra el virus y la asistencia y recuperación de las personas afectadas. Tareas que sostuvieron con alto grado de precarización laboral y salarial, sumado a la doble o triple jornada por los trabajos en el hogar y cuidados de hijes. Las trabajadoras docentes tampoco escaparon a esta realidad, habiendo tenido que convertir sus hogares en aulas para sostener la educación en virtualidad para millones de niñes y jóvenes, al tiempo que se hicieron cargo de acompañar la propia educación de sus hijes y demás cuidados, restando horas al descanso, recreación, la autoformación y la participación sindical.

Es necesario profundizar y articular acciones entre el Estado y nuestras organizaciones sindicales para promover la incorporación de mujeres y diversidades en sectores del trabajo masculinizados, e, inversamente, incentivar la participación de varones en las tareas históricamente feminizadas, para desidentificar las actividades laborales y los roles que el patriarcado asigna a nuestro género, fundamentalmente asociados a los cuidados, siempre infravalorados, precarizados, y peor remunerados. En este sentido, la sanción de la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” representa un avance fundamental. Esto debe traducirse en la representación sindical para fortalecer la herramienta con la que contamos trabajadores y trabajadoras en la conquista y defensa de nuestros derechos. Los sindicatos y las centrales sindicales deben estar a la altura de nuestro tiempo y deben ampliar sus bases de participación, sumando cada vez más organizaciones y permitiendo la participación real y efectiva de las mujeres en todos sus puestos. Nosotras queremos organizaciones fuertes porque tenemos claro que quienes están del otro lado solo quieren mayor concentración y más hambre para el pueblo. Y la fortaleza de las organizaciones es con mayor participación y mayor unidad. Las trampas que nos pone el patriarcado son muy visibles a nuestros ojos, porque hace años que venimos peleando de frente contra él. Nos preocupa y nos ocupa defender el movimiento sindical argentino: nosotras con nuestra participación somos garantes de su vitalidad y potencia.

No a la quita de las indemnizaciones, ¡sí al trabajo con derechos y salarios dignos!

Nunca fue tan fácil verlo, estamos frente a la madre de todas las batallas: quienes representan al poder económico vuelven a la carga promoviendo una reforma laboral que sólo pretende liberar a las empresas de su responsabilidad de garantizar derechos que constituyen conquistas innegociables del movimiento sindical. La supresión de la indemnización por despido, así como toda flexibilización en las condiciones de contratación, no permitirá de ninguna manera mejorar los índices de empleo: sólo apunta a multiplicar las ganancias empresariales y a disciplinar a la fuerza de trabajo. Y no solo eso, implica que los trabajadores y trabajadoras vean cercenados todos sus demás derechos conquistados por temor a perder el empleo. Por eso, una vez más, y desde este lugar emblemático, esta unidad de las trabajadoras se pone en marcha para defender lo conquistado y para conquistar lo que aún nos falta.

Es necesario alinear precios, tarifas, salarios y jubilaciones. La batalla contra el alza injusticada de los precios de los alimentos y otros bienes y servicios básicos es decisiva para proteger las condiciones de vida de nuestra población, y para que la activación del consumo interno estimule el desarrollo económico y social. Es indispensable señalar la responsabilidad de quienes no dejan de acrecentar sus ganancias incrementando el costo de bienes y servicios necesarios para la vida, y apoyar el establecimiento de controles efectivos para poner fin a la especulación y el abuso de la posición dominante que algunas empresas tienen en una economía que es imprescindible desmonopolizar, desprimarizar y desextranjerizar.

El trabajo es un derecho fundamental, y debe asegurar a la población un nivel de ingresos que permita cubrir el costo de la vida, y acceder a los bienes necesarios para el pleno desarrollo de todas las personas. No puede haber trabajadoras y trabajadores pobres. Por ello es urgente garantizar salarios que estén por sobre la inflación, jubilaciones dignas y servicios y precios acordes para que la rueda virtuosa del consumo reactive la maquinaria que deriva en un nuevo proceso de creación de empleo con salarios dignos, junto a todos los derechos laborales y sindicales consagrados en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.

¡Ni una trabajadora menos!

La generación de puestos de trabajo con estabilidad y derechos requiere una política integral y sostenida de formalización de las actividades laborales hoy precarizadas, con la correspondiente jerarquización, profesionalización, y mejora de salarios. El rol del Estado es insustituible, no sólo para promover la contratación formal de trabajadoras y trabajadores, sino para crear oportunidades en virtud de su propia capacidad de dinamizar la actividad productiva y de servicios a través del consumo, pero también mediante la generación de condiciones favorables al desarrollo de la pequeña y mediana industria, el apoyo a las unidades productivas autogestionarias y cooperativas, así como brindando posibilidades efectivas de formación profesional para que las transformaciones que se producen en el mundo del trabajo redunden en más y mejor empleo, y para orientar este proceso hacia la superación de las brechas de género que antes señalamos. ¡No es con menos derechos que se solucionan los problemas de la pobreza, como nos quieren hacer creer! Proteger al trabajo es proteger a las personas que lo realizan. Por ello apoyamos la iniciativa de la intersindical de la salud que tomara el gobierno nacional para regular los comités mixtos de seguridad y medio ambiente, con la transversalización de los principios del Convenio 190 Contra el Acoso y la Violencia en el mundo del trabajo como una verdadera manera de democratizar las relaciones de trabajo.

Tenemos la oportunidad de producir, en el marco de una reorganización social de los cuidados, y abordando la actividad que si se valorizara sería un aporte fundamental al PBI de nuestro país, una política que integre la creación de empleo, la formalización de actividades largamente precarizadas, una mejora sustantiva en los ingresos de las trabajadoras y sus familias, la incorporación de estrategias a través de nuestros convenios colectivos de trabajo y el desarrollo de la infraestructura y provisión de servicios que aseguren, junto al derecho de todas las personas a recibir cuidados de igual calidad, el derecho de quienes cuidan a que su tarea sea adecuadamente remunerada, reconocida y protegida. Para ello necesitamos: la adecuación de los regímenes de licencias en todos los sectores del empleo; la supervisión del cumplimiento de la registración en el trabajo en casas particulares; la profesionalización, jerarquización y desprecarización del trabajo en el sector de la salud y el cuidado de niñes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, reconociendo, también las herramientas comunitarias impulsadas y sostenidas por las organizaciones de la economía popular; la creación de infraestructura y servicios públicos y la formación de personal para cuidados en todo el territorio; el fortalecimiento del sistema educativo público, con la jornada escolar extendida y la universalización del nivel inicial; y la ampliación e integración territorial del sistema público de salud. Por eso reivindicamos acciones concretas de
nuestro gobierno que reconocen y valorizan y garantizan derechos de las tareas de cuidado y gestión del hogar como el programa Registradas o el reconocimiento de Anses de aportes por tareas de cuidado para acceder a la jubilación.

En esta etapa, es fundamental también retomar la histórica discusión del movimiento sindical sobre la reducción de la jornada laboral con preservación del salario como una estrategia posible y efectiva al desafío de lograr el pleno empleo. La justicia social requiere también una distribución igualitaria del tiempo para descansar, para recrearse, para disfrutar y ser parte de la vida cultural y política de la sociedad cuyo bienestar colectivo deriva de nuestro esfuerzo.

La concentración y la extranjerización de la economía, la persistencia de una matriz productiva primarizada y dependiente, constituyen elementos determinantes de una alta vulnerabilidad de nuestro país ante los factores externos, agravada en un contexto global de hegemonía del capital financiero. Sobre esta situación, el descomunal endeudamiento externo provocado deliberadamente por el gobierno de Mauricio Macri con fines puramente especulativos representa una carga que no puede imponerse sobre el derecho de nuestro pueblo a una vida mejor.

Pero hablar de la matriz productiva de nuestro país, pensar a la persona trabajadora en el centro de la escena no es otra cosa que hablar de nuestra casa común: el medio ambiente. El desarrollo que nuestro país necesita y que como pueblo nos merecemos no puede ser otro que aquel que tiene a nuestra humanidad y nuestros recursos en el centro. Por eso el nuevo tiempo nos demanda una nueva resistencia a la concentración económica que no solo descarta los cuerpos de las mujeres a quienes no incorpora al mundo del trabajo, las vidas de los trabajadores explotados por condiciones que no son dignas, sino que también descarta y desecha nuestras tierras, ríos y aires. Es urgente el cambio del modelo porque no tenemos otro lugar donde vivir. ¡Apoyamos la ley de humedales, la ley de envases y la ley de etiquetado frontal!

¡Vivas, libres y con derechos nos queremos!

La lucha contra la violencia por razones de género ha estado en el centro de la movilización feminista que, en nuestro país, expresa en los últimos años la fuerza más potente del movimiento social. Las trabajadoras sindicalizadas creemos que aún es necesario enfatizar la importancia que tiene en esta lucha la generación de condiciones para asegurar la autonomía económica de las mujeres y diversidades. Las políticas para garantizar ingresos, el acceso al empleo, la vivienda, el transporte, la educación y la salud son en este sentido fundamentales. Asegurar, además, condiciones de trabajo sin violencia en todos los sectores, es un compromiso que nuestro país ha reafirmado con la ratificación del Convenio 190 de la OIT, y que requiere avanzar, junto con el desarrollo de instrumentos de protección, sanción y reparación para abordar las situaciones que se producen en todos los ámbitos laborales, en la desprecarización y despatriarcalización del mundo del trabajo. La producción normativa a través de la legislación y de los convenios colectivos debe en este punto ser acompañada por una persistente acción para la transformación cultural.

Sin embargo, todas nuestras conquistas encuentran un obstáculo mayúsculo en el accionar de la cúpula del Poder Judicial patriarcal y oligárquico, que multiplica el sufrimiento y abandona a las mujeres y diversidades de los sectores populares. Lejos de impartir justicia de cara al pueblo, se ha constituido como uno de los pilares del mecanismo de persecución a la dirigencia del movimiento popular con especial ensañamiento en la figura de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y nuestra compañera Milagro Sala que lleva 2100 días presa. QUEREMOS UN PODER JUDICIAL QUE UTILICE SUS RECURSOS PARA ASEGURAR NUESTRO DERECHO A TENER VIDAS DIGNAS DE SER VIVIDAS Y NO PARA OPERAR POLÍTICAMENTE DE ACUERDO A LOS INTERESES DE LOS PODERES ECONÓMICOS CONCENTRADOS.

¡ES CON NOSOTRAS!

Las trabajadoras organizadas en unidad hemos sido parte de la movilización feminista que nos ha permitido conquistar derechos y hacer visible la injusticia de la sociedad patriarcal, estuvimos al frente de la resistencia a las políticas antipopulares del gobierno de la Alianza Cambiemos, y tempranamente señalamos el camino de la unidad que nos permitió, con la llegada del Frente de Todes, poner fin a cuatro años de saqueo, represión y agravio a nuestra democracia. Hemos logrado que las reivindicaciones del feminismo de las trabajadoras, que hoy movilizan y conmueven a nuestras organizaciones, impulsen políticas públicas imprescindibles para la democratización de la sociedad. Reivindicamos nuestra presencia, militancia y capacidad política como una fuerza que debe ser reconocida, y que seguirá transformando al mundo sindical.

Desde aquel octubre del 45, cuando la delegada María Bernaviti de Roldán movilizaba a los obreros y las obreras de los frigoríficos de Berisso para ir a Plaza de Mayo a reclamar la libertad del Coronel Perón, seguimos sublevando y haciendo temblar el suelo de la Patria. Para hacer visible nuestro trabajo invisibilizado, para gritar juntas nuestra palabra silenciada. Y para que se entienda que el sindicalismo que necesitamos es con nosotras, que el movimiento nacional y popular es con nosotras, y que con esta fuerza vamos a hacer realidad una Argentina Justa, Libre y Soberana para todas, todos y todes.

Descarga el comunicado completo acá: https://bit.ly/unidaddelastrabajadoras