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  • Mitos y avances de la Ley Nacional de Salud Mental

    Mitos y avances de la Ley Nacional de Salud Mental

    Compartimos la nota de nuestro compañero Gonzalo Martín Pereyra sobre las dificultades para lograr la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, los principales mitos y algunos avances alcanzados desde Nación y PBA.

     

    La Ley Nacional de Salud Mental (26.657) es una normativa profundamente democrática y ejemplar para toda la Región, que nació para poner un límite a la cara más feroz del modelo médico hegemónico. La misma se sancionó en el 2010, en el seno del Congreso Nacional, pero a decir verdad se armó al calor de una añosa lucha por parte de los organismos de DDHH, (ex) usuarios de los servicios hospitalarios, familiares asociados y profesionales comprometidos por un sistema de salud más justo e inclusivo. Hubo entonces una sinergia entre ese empuje multi sectorial y un Estado que escuchó y transformó esa demanda social en un marco institucional.

    La LNSM se transformó en la llave para un nuevo modo de pensar los padecimientos en salud mental, pero sobre todo para alcanzar un eficaz abordaje de los mismos. La Ley nació también para dejar de asociar locura con manicomio y en todo caso entenderla como una situación de crisis y/o padecimiento que debe ser acompañado, apuntalado desde una red de atención local abierta y ambulatoria, con base en su comunidad de pertenencia. La Ley implica un cambio profundo de paradigma, que beneficia a muchos pero molesta a algunos pocos, dado que la transformación implica la ruptura con históricos privilegios disciplinares. Esto explica cómo, frente a situaciones aisladas (mal abordadas por profesionales de la salud y/o fuerzas de seguridad) que trascienden en los medios, algunos sectores aprovechan para poner en cuestión la normativa entera, apelando a argumentos falaces e infundados que se repiten innumerables veces hasta ser instalados en el imaginario social a modo de mitos subyacentes.

    Podemos observar entonces como los paradigmas son construcciones sociales que tienden a imponerse como un sentido común instituido y se caracterizan por no cambiar justamente de la noche a la mañana, sino todo lo contrario. Estas transformaciones implican tiempo, debates, resultados que nos indiquen que esos cambios son parte del modo correcto de leer e intervenir en la realidad, que den cuenta de una forma innovadora de mejorar las condiciones de salud y de vida de miles de personas. El cambio de paradigma implica visibilizar y cuestionar la existencia de sujetos en situación de encierro, los cuales se encuentran exentos de los más elementales derechos humanos, según nos indica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) a la cual suscribimos como país. Es tiempo entonces de dejar de poner el foco en la Ley en sí, para empezar a ponerlos sobre los obstáculos que no nos permiten avanzar. Implicándonos en la deconstrucción, tanto de las percepciones sociales que refuercen el estigma de los padecimientos mentales como de nuestras propias prácticas.

    MITOS

    1) “La LNSM no permite internar a usuarios en situación de crisis de salud mental”.
    Falso. Todo el Capítulo VII de la LNSM refiere al modo en cómo se deben llevar a cabo las internaciones, cuando estas fueran necesarias. Contemplando tanto las que son de acceso voluntario, como las involuntarias. Cabe mencionar que en todo momento se caracteriza a la internación como un recurso terapéutico restrictivo, que debe ser aplicado cuando el resto de las instancias y recursos disponibles sean agotados y/o resulten insuficientes para contener la situación de crisis. Es decir, que la Ley no solo permite la internación si no que la vuelve un acto legal y ético obligado cuando el riesgo desborde la capacidad de contención del resto de los dispositivos de menor complejidad. Lo que hace entonces fundamentalmente la LNSM, y su reglamentación en particular, es regularla. Evitar que se produzcan internaciones arbitrarias, por supuestos criterios de peligrosidad, y por tiempo indeterminado. Situación que quedó más que en evidencia a partir de los resultados del último “Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental” (2018), donde se registró que son más de 12.000 las personas que aún se encuentran encerradas por motivos de salud mental, con un promedio de duración de más de 20 años. Diagnósticos médicos que, más que etiquetas sociales, operaron durante años a modo de sentencias judiciales, y que al no haber un Órgano Nacional de Revisión” como el que creó la Ley, se transformó a personas con padecimientos mentales en reclusos eternos.

    Cabe mencionar también que el Censo no incluyó a dispositivos de internación para consumos problemáticos, conocidos comúnmente como “granjas para adictxs” (aunque resulte llamativo y hasta paradójico que algo ligado a la salud mental de las personas tenga tal connotación de espacio para animales en cautiverio, casi un lapsus que devela una verdad reprimida). Incluidas estas instituciones el número de internos del país superaría los 20.000, aun cuando según la misma Ley “para el 2020 ya se debieran de haber readecuado todos los hospicios e internados hasta su sustitución definitiva”. La Ley indica que las situaciones de crisis deben ser abordadas en las salas de internación de los hospitales generales, durante el menor plazo posible, y que la estrategia para la externación, de quienes aún continúan internados en centros monovalentes de forma indefinida, debe ser de forma interdisciplinaria e intersectorial. Es decir en conjunto con dispositivos de salud ambulatorios, de inclusión socio laboral y habitacional, dentro de su red local y junto a sus vínculos, para así transformar estructuralmente sus condiciones de vida.

    2) “La LNSM no respeta las incumbencias profesionales”.
    Falso también. Es esperable que una legislación que venga a terminar con ciertos privilegios corporativos para hacer nacer nuevos derechos no pase sin resistencia. Parte de esto, pareciera ser el intento de instalar mitos y falacias en el imaginario social de nuestro pueblo. Por eso es crucial que quienes tenemos una mirada integral de la salud mental, que exceda a los intereses particulares de su disciplina, transmitamos con responsabilidad la importancia de defender lo alcanzado en materia de salud mental y derechos humanos y que trabajemos por la profundización de lo que aún nos falta implementar a lo largo y ancho de todo el país.

    La LNSM respeta las incumbencias pero promueve que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario (Art. 8) en donde todas los y las profesionales pertenecientes al campo de la salud mental estén en condiciones de ocupar cargos de conducción y/o gestión de servicios y/o instituciones, debiendo como único requisito valorarse su idoneidad para el cargo y que demuestre su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan al campo (Art. 13). Ahora bien, esto no contradice al respeto por la autonomía y las incumbencias de cada profesión, las cuales están definidas por el Ministerio de Educación de la Nación en coordinación con el Consejo Nacional de Universidades, y lógicamente con el aval de las autoridades universitarias que emiten los títulos de grado y posgrado. La ley no busca que los profesionales realicen actividades para los cuales no fueron formados, las particularidades de cada disciplina continúan bajo la responsabilidad de a quien le incumbe legalmente. De lo que se trata es de ampliar la mirada sobre el sujeto y poder ir más allá de la vieja concepción biologicista, que solo ve a un “enfermo mental” en el usuario del sistema de salud, y que por lo general tiende a homogeneizar ese padecer multideterminado y singular.

    Tampoco es cierto que la LNSM habilite a los psicólogos a medicar, la prescripción de fármacos continúa siendo incumbencia profesional exclusiva del personal médico. Por otro lado, abre el juego a que otras disciplinas del equipo interdisciplinario puedan participar del proceso de evaluación diagnóstica y por ende definición del tratamiento en su conjunto. Dicho de otro modo, se busca reducir la fragmentación disciplinar en pos de la unidad del ser humano. Por lo que se puede observar, también parece haber sido visto como un atropello disciplinar esta suerte de límite en la administración del “chaleco químico” (sobre medicación), el cual muchas veces era indicado por psiquiatras en forma de castigo o bien por pedido/conveniencia de terceros. El Art. 12 es claro y establece que “la prescripción de medicación solo debe y puede responder a la necesidad fundamental de la persona con padecimiento mental” en cuestión.

    AVANCES

    Afortunadamente no todos son golpes en contra de la LNSM y su implementación, contamos con diversos ejemplos de Planes, Programas y Proyectos que en mayor o menor medida han logrado constituir avances significativos de rescatar y visibilizar, a fin de replicarlo en las jurisdicciones restantes. El Plan Nacional de Salud Mental (2013) por ejemplo sentó las bases para muchos Programas de organismos nacionales, provinciales y municipales, pero también para programas y proyectos de los Hospitales del 3er Nivel de Atención (Neuropsiquiatricos). El PREA (Programa de Rehabilitación y Externación Asistida) del Hospital Esteves fue uno de los ejemplos más conocidos respecto al compromiso por una genuina readecuación institucional.

    Estas experiencias sin dudas progresivas, y otras más, sentaron precedentes importantes pero que encontraron un límite hacia fines del 2015. Durante los posteriores años (2016/2020) el proceso de implementación de la LNSM vivenció un profundo estancamiento, cuando no un retroceso. Dentro de este letargo podemos ubicar la des jerarquización del Ministerio de Salud de la Nación a Secretaría, lo que implicó una significativa reducción del presupuesto necesario para la creación y sostenimiento de los nuevos dispositivos alternativos al manicomio. Tampoco aportó la desintegración de la CONISMA (Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones) que dependía de la Jefatura de Gabinete de Ministros y hacía a modo de espacio articulador entre los esfuerzos y líneas de acción intersectoriales. Ni la escasa convocatoria al CCH (Consejo Consultivo Honorario en SmyA) para debatir cómo avanzar en la estrategia de implementación, lejos de dinamizar acciones se vació de actores.

    Luego vino la pandemia, y a pesar que pareciera ser el escenario más complejo e impensado para lograr avances, debido a la necesidad de promover el ASPO (Decreto 297/2020) y DISPO (168/2021), la nueva gestión tanto en Nación como en la Provincia de Buenos Aires empezó a dar signos de un nuevo impulso hacia la implementación de la LNSM, la misma volvió a estar en la agenda pública. Recientemente, en el Congreso Nacional de Salud Mental y DDHH 2021, la titular de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, mencionó algunos de los avances concretos a considerar durante esto últimos 2 años de su gestión:

    • Lanzamiento del Plan Provincial “Buenos Aires Libre de Manicomios” y conformación histórica, junto a otros 10 Ministerios, de la Comisión Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la PBA, algo clave para alcanzar un avance intersectorial.
    • Incorporación de más de 110 profesionales de: psiquiatría, psicología y trabajo social en “Equipos Interdisciplinarios para Urgencias en Salud Mental en Hospitales Generales” de 37 Hospitales Generales de la Provincia de Buenos Aires.
    • Cierre de 5 pabellones de internaciones prolongadas de la Provincia de Buenos Aires, fruto de la Externación de más de 330 usuarios de los 4 principales Neuropsiquiátricos.
    • Apertura de Casas de Gestión Colectiva y otros dispositivos con base en la comunidad, como local para venta de productos de cooperativa de usuarixs del “Hosp. Taraborelli”
    • Conformación de Polo Frutihorticola, Polo Agroecológico, Polo de Trabajo, Parque Cultural, Plaza de la Memoria y Salud, entre otros proyectos del “Hospital A Korn”.
    • Aumento de camas para “Sala de Internaciones por motivos de Salud Mental” en “Hospital General de San Martín” y otros de la jurisdicción provincial.

    También existen otros organismos nacionales, tales como la “Dirección Nacional de Protección de Grupos en situación de Vulnerabilidad”, dependiente de la Secretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, desde donde se vienen promoviendo políticas públicas progresivas que logran hacer su aporte a la implementación de la LNSM, algunas son:

    • Servicio de asistencia técnica y orientación para profesionales que realizan evaluaciones en procesos judiciales de restricción de capacidad jurídica de personas con discapacidad. Revisión de la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del nuevo Código Civil y Comercial.
    • Servicio de orientación y asesoramiento en derechos para personas usuarias de servicios de salud mental.
    • Campaña por el Derecho al Voto (2021) junto a ANDIS, INADI, DNSM, DINE, ORN.

    A modo de síntesis, existen valiosas experiencias que merecen ser difundidas y apoyadas por los diversos actores que integramos el campo de la salud pública y la salud mental. Tenemos mucho trabajo por delante y es necesario que las diversas jurisdicciones emulen los procesos transformadores existentes y construyan sus propias experiencias. Cada provincia y municipio, cada unidad académica e institucional puede/debe aportar su grano de arena para derribar los muros de la tristeza y tejer las redes de la esperanza. ¡Por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental!

     

    Fuente: https://juventudesiberoamericanas.com/mitos-y-avances-de-la-ley-nacional-de-salud-mental/

     

  • 23 de septiembre. Día de los Derechos Políticos de la Mujer

    23 de septiembre. Día de los Derechos Políticos de la Mujer

    El 23 de Septiembre de 1947 se promulga en Argentina la Ley 13.010 que instituye el voto femenino.

    Gracias a la lucha incansable de cientos de compañeras y el rol de Eva Perón se reconocieron los derechos políticos de las mujeres, entre los cuales estaban el derecho a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales.

    Por ello hoy se conmemora el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.

    «Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad». Eva Perón.

  • Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos

    Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos

    El Frente de Graduados por la Educación Pública de la Facultad de Psicología de la  UBA junto a El Impulso, y con la participación de algunxs profesorxs que integraron la lista Alternativa Democrática, invitan a participar de esta primera mesa del congreso denominada “Ley Nacional de Salud Mental: Debates, avances y desafíos”. La actividad se llevará a cabo el jueves 16 de septiembre a las 18:30 hs. con la presencia de Leonardo Gorbacz (Autor de la Ley 26657 y Director Nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) Alberto Muñoz (Presidente en FePRA) Macarena Sabin Paz (Doctoranda en Salud Mental Comunitaria UNLa y Coordinadora del Área de Salud Mental del CELS) con la moderación de Liliana Farruggio.

    Nuestro país tiene una tradición muy significativa en el diseño e implementación de dispositivos de asistencia en salud mental con un enfoque de derechos, compromiso que quedó plasmado en la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

    Inscripciones en https://bit.ly/congresosaludmentalyDDHH

     

  • A 45 años los lápices siguen escribiendo

    A 45 años los lápices siguen escribiendo

    Con septiembre arranca el mes de la Juventud. La SEC DDHH y Preuniversitarios CONADU, junto a la UES invitan a participar de esta importante actividad para conmemorar «LA NOCHE DE LOS LÁPICES» con las entrañables compañeras Emilce Moler, Abril Villano y Vera Jarach. Se realizará este jueves 9 de septiembre a las 19 hs. por la plataforma Zoom.

  • El problema no es la falta de taser, es la Policía a cargo de la salud

    El problema no es la falta de taser, es la Policía a cargo de la salud

    Compartimos la nota de nuestro compañero Adelqui Del Do (delegado general de Feduba Psicología y docente de Psicología, Ética y Derechos Humanos) y Esteban Rodríguez Alzueta (docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes).

    Analizan el lugar que ganó la Policía en la gestión de la salud mental y de los consumos problemáticos. Cuando lo que está en la mano es el Código Penal y no la ley de Salud Mental, la prioridad es castigar y no cuidar, como pasó con Chano Moreno Charpentier.

    Se ha dicho que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, aunque en realidad eso está por verse. Hace rato que los gobiernos y los funcionarios judiciales han perdido la capacidad de capturar y dirigir la violencia social. Una violencia que comparten con otras agencias privadas y otros actores de la sociedad que están tomando los conflictos en sus propias manos. Eso le agrega nuevos problemas a la cuestión que exceden a esta nota.

    Nos queremos detener en la bala del policía Bonaerense que perforó el abdomen de Santiago “Chano” Moreno Charpentier -ex líder de Tan Biónica- que supuestamente tuvo un “brote psicótico” o “cuadro de excitación psicomotriz” y, hasta donde pudimos saber según la información que circuló por los medios, tal vez como consecuencia de usos problemáticos con drogas ilegalizadas.

    No es una escena que se repite todo el tiempo, pero de vez en cuando adquiere notoriedad, sobre todo cuando los hechos llegan hasta los noticieros centrales. La última que tuvo estado público fue el año pasado, cuando en las cercanías del MALBA una persona en tratamiento le clavó un cuchillo a un policía que se acercaba hasta el lugar donde la persona estaba “molestando” a unos comensales. Aquella escena, que le costó la vida al policía de la Federal, revivió el debate en torno a la necesidad de que los agentes de seguridad estén calzados con pistolas Taser para realizar de manera efectiva sus tareas de prevención. Otro debate urgente que intentó llevarse puesta la vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental.

    Y esta vez no ha sido la excepción. Ni lerdos ni perezosos, algunos funcionarios y parte de mainstream periodístico salieron a decir que eso se debe a que la Policía no está autorizada a usar las Taser, que eso con las Taser no hubiese pasado. No vamos a entrar a debatir sobre la letalidad o no de las Taser, una cuestión que ya ha sido planteada y demostrada por distintas organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, aunque avalado su uso por la Corte Suprema. Hay que avanzar en las discusiones, no puede debatirse todo el tiempo lo mismo.

    Nos interesa volver sobre una cuestión que nos parece cada vez más central, que suele esconderse debajo de aquellos debates espectaculares: el policiamiento de la salud. No solo la seguridad se ha policializado sino que determinados problemas que hacen a la convivencia cotidiana, que no generan problemas de inseguridad (escuchar música a alto volumen, por ejemplo), tienden a policializarse, esto es, a abordarse como una cuestión que incumbe a las policías, a sus rutinas, sus facultades discrecionales, apelando al encuadre que aporte la autoridad. ¿Por qué se sigue creyendo que problemas semejantes pueden resolverse apelando a la autoridad?

    Mucha gente cree que en el fondo los consumos se vuelven problemáticos cuando fallan las instituciones tradicionales: cuando la familia no está presente o no sabe ya cómo estarlo, cuando la escuela mira para otro lado; la Policía se vive como una suerte de reserva moral de autoridad que viene a poner las cosas en orden. Allí donde hay un déficit de autoridad la Policía compensa ese déficit con la autoridad que detenta y quiere hacer valer.

    Esto es algo que ya no sucede ni en las películas, pero lo seguimos escuchando en el barrio. Los vecinos vivimos de contarnos cuentos y por eso nos encomendamos a la Policía, es decir, a la autoridad con la que dicen llegar las Policías. En Argentina en general, la Policía sigue siendo un gran comodín: “Si usted ve o sabe algo llame al 911”. 

    Esa consigna demagógica nos enseñó o reforzó algunos lugares comunes, por ejemplo, que la Policía es la respuesta de rigor. Y acá “rigor” quiere decir ejercicio de la fuerza, letal o no letal. Una Policía que a su vez está moralmente obligada a intervenir en conflictos muy distintos, que exceden cualquier preparación especial, que exceden el marco de los cuidados especiales que necesitan sobre todo las personas en situación de vulnerabilidad.

    Pongamos un ejemplo bastante cotidiano: tenemos un borracho durmiendo en la puerta del edificio. En vez de llamar a una ambulancia, optamos por llamar a la Policía. Eso en el caso de que esté obstruyendo el ingreso o egreso, porque si está tirado en el medio de la vereda lo salteamos con indiferencia o reserva, a veces con cierto asco o desdén. ¿Por qué la Policía se ha convertido en la respuesta a todas estas preguntas? ¿Quién nos enseñó que la Policía es la agencia del estado para intervenir en todos estos casos? Basta ponerse a mirar Crónica TV, rememorar los programas de Policías en Acción, para darnos cuenta que la Policía es una agencia que tiene que intervenir en conflictos y situaciones problemáticas tan diversas, que van de la música a alto volumen en la casa de un vecino hasta un secuestro, pasando por un robo, una pelea callejera, un caso de violencia de género, y un largo etcétera.

    La coyuntura de la que hoy somos testigos nos obliga a repensar los dispositivos de intervención frente a consumos problemáticos de drogas de un Estado presente. La Ley Nacional de Salud Mental es un punto de partida no solo para evitar la judicialización, sino para abordar una problemática compleja desde otra perspectiva, con otros actores, otras preguntas, otras sensibilidades. Pero la Policía está para llenar los baches, para suplir las otras inercias del Estado, calmar las ansiedades de los vecinos, las incertidumbres de los familiares. Por eso, si no sabés a quién acudir, llamás a la Policía.

    El policiamiento de la salud sirve para recordarnos otras tareas pendientes, una de las cuales está vinculada a la despenalización y legalización del consumo de drogas. Un debate atado a otros debates vinculados a la salud y el ocio. Sabemos que la penalización del consumo de las drogas ilegalizadas sigue cuestionando identidades y criminalizando eventos culturales, persiguiendo sobre todo a las personas con mayor vulnerabilidad, con menos redes de cuidado a su alrededor. De hecho, un alto porcentaje de las causas que tramitan ante el fuero federal están vinculadas todavía a “tenencia de sustancias ilegales”. Las instituciones tradicionales como las policías o las justicias no se resetean de un día para el otro. Desandar esas rutinas y los prejuicios que las encuadran, demandará un trabajo de larga duración.

    Cuando uno aborda los consumos problemáticos con el Código Penal en la mano, incluso con los prejuicios sociales hechos de tantos tabúes sociales, la pregunta que se hace es cuál es el nivel de castigo adecuado que se merece la persona. Un castigo anticipado que llegará con la cultura de la prevención policial que traen al ruedo los vecinos asustados. Un castigo que llega con un proceso que seguirá abierto unos cuantos años más. Mientras tanto, el certificado de mala conducta, los antecedentes que le saltan, se convierten en un nuevo obstáculo para conseguir un trabajo formal, alimenta los fantasmas del vecindario, y preocupa a los padres.

    Por el contrario, cuando abordamos el consumo problemático con la Ley de Salud Mental la pregunta es otra muy distinta: cuál es el nivel de protección adecuado que necesita esa persona. No es lo mismo castigar que cuidar, no es lo mismo quedar en manos de la Justicia que del lado de la salud. 

    Ahora bien, las personas con consumos problemáticos de drogas ilegalizadas suelen tener interacciones con las fuerzas policiales. Por eso muchas situaciones de crisis vinculadas con la salud mental encuentran como primera respuesta la presencia de personal policial. Y nunca suelen ser situaciones sencillas, que puedan resolverse apelando al diálogo cordial. La intervención policial en estos casos está contemplada. No son situaciones excepcionales que tengan que resolverse con la velocidad que promete las descargas de las pistolas Taser. 

    Garantizar la seguridad de ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a quienes se encuentran en una situación de padecimiento o agotamiento mental o emocional, es un compromiso de las distintas agencias del Estado, entendiendo la seguridad como un instrumento para alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos. Acá seguridad no significa velar por el orden público sino cuidar a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de los derechos. Y el derecho a la salud y la integridad física no puede ser la excepción.

    Hasta donde sabemos, de acuerdo a las noticias, 48 horas antes de este episodio también se llamó a la Policía. Debemos tener en cuenta que la Ley de Salud Mental abre la posibilidad de la internación involuntaria cuando el equipo de salud evalúa riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

    A fin de adecuar las intervenciones de las fuerzas de seguridad a la Ley de Salud Mental Nº 26.657, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó la Resolución 506/2013 denominada “Pautas para la Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad” para preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros.

    De acuerdo a esta normativa ante un hecho que involucra a personas en situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas y/o personas con discapacidad mental o presunto padecimiento mental, las fuerzas de seguridad deben asegurar la plena protección de la salud de las personas facilitando las condiciones para la intervención inmediata de los servicios de salud, y la de otros servicios sociales o agencias estatales en caso de corresponder. Se tendrá que evaluar si se agotaron todas las vías de diálogo posibles antes del uso de armas de fuego letal o no letal. Una fuerza que no está prohibida sino limitada, que no puede usarse según nuestras meras opiniones sino de acuerdo a criterios profesionales concebidos conforme a estándares de legalidad, racionalidad y proporcionalidad que permitan cuidar a todas las personas, sobre todo a las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

    Fuente: http://cosecharoja.org/el-problema-no-es-la-falta-de-taser-es-la-policia-a-cargo-de-la-salud-chano-charpentier/

  • Normativa Laboral, Dictadura y Resistencia: desde 1976 a nuestros días. Abierta la inscripción

    Normativa Laboral, Dictadura y Resistencia: desde 1976 a nuestros días. Abierta la inscripción

    Lxs invitamos a inscribirse en «Normativa Laboral, Dictadura y Resistencia; desde 1976 a nuestros días”, un proyecto colectivo del cual participa FEDUBA junto a la Intersindical de Derechos Humanos. La materia bimestral forma parte del CPO del Departamento de Filosofía del Derecho de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA.

    Se abordará la construcción del sistema jurídico que sustentó la dictadura cívico-militar, así como la matriz ideológica en la cual se justificó este proyecto económico y social en Argentina. A partir de una perspectiva que problematiza el discurso del derecho laboral argentino de los últimos años, se profundizará sobre las luchas del movimiento obrero, el discurso neoliberal y la importancia política de la cuestión de género.

    La cátedra de Eduardo Barcesat cuenta con la profesora adjunta Lorna Nimia Sala Romero y un equipo docente conformado por Ana Adelardi, Patricio Brodsky, María Andrea Cuéllar Camarena, Kevin Axel Costa, Ricardo Ferrari, Marianela Galli, Martin Landini, Vanesa Lamami, Leandro Martin Macia, Natalia Salvo y Nayla Veró.

    La cursada es del 09 de agosto al 09 de octubre, los días lunes y jueves de 14:00 a 15:30, en formato virtual con encuentros sincrónicos, complementados con videos y bibliografía.

    Una formación abierta a trabajadorxs de todos los sindicatos para participar por fuera de la carrera de abogacía.

    Para inscribirte completá el siguiente formulario:

  • 45 años de la noche del apagón

    45 años de la noche del apagón

    El jueves 22 de julio participamos junto a la Intersindical de Derechos Humanos de un homenaje a las madres y familiares de Detenidxs Desaparecidxs y Víctimas del Dto. Ledesma en Jujuy.

    Nuestra compañera, Andrea Cuellar Camarena (FEDUBA Derecho), estuvo en la instalación fotográfica en Plaza de Mayo.

    A 45 años de la Noche del Apagón, exigimos juicio y castigo a los culpables.

  • Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

    Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

    Como parte de la CTA de lxs Trabajadorxs celebramos el reconocimiento y valoración de la ANSES en equiparar las tareas de cuidado como un trabajo.

    Cuidar es el trabajo que sostiene la vida.

    Reconocerlo y democratizar las responsabilidades del cuidado es justicia social.

  • Charla abierta del PADOC: Universidad y discapacidad en clave de derecho

    Charla abierta del PADOC: Universidad y discapacidad en clave de derecho

    En el marco de la 10ma corte del PADOC se realizó el encuentro donde se abordó la cuestión del acceso a la universidad a partir de preguntarnos: ¿Cómo se incorporan a la universidad ideas y prácticas vinculadas a la discapacidad y la accesibilidad? ¿A través de qué actores, áreas y disciplinas?

    Se planteó el tema de las normativas vigentes como marco regulatorio que permite generar líneas de trabajo desde las políticas públicas en general y la política universitaria en particular. El encuentro, primero de dos previstos para esta cohorte, se centró en la necesidad de visibilizar la cuestión de la discapacidad y la accesibilidad a través de la curricularización e intervenciones específicas, amplias e integrales.

    Nuestro Secretario General, Federico Montero, dio la bienvenida al encuentro y resaltó la importancia de esta formación que contribuye a que lxs docentes universitarixs incorporen una perspectiva de derecho; así como las herramientas estratégicas, pedagógicas, políticas, institucionales y gremiales necesarias para que el derecho a la universidad se transforme en una realidad efectiva. “Se trata de pensar cómo en muchos sentidos invisibilizamos las circunstancias del acceso a la educación superior de un conjunto de sectores por distintas razones. Por ello son necesarias políticas que garanticen ese acceso para que la ampliación del derecho a la universidad no sean una mera enunciación” afirmó.

    Verónica Rusler (Programa de Discapacidad y Accesibilidad. SEUBE, FFyL-UBA) se refirió al modo en que la discapacidad fue discutida y disputada con aportes provenientes del activismo del colectivo de personas con discapacidad.

    A continuación, Marina Heredia  (Programa de Discapacidad y Accesibilidad. SEUBE, FFyL-UBA) explicó que el sentido común describe a la discapacidad como una tragedia personal y esta noción se identifica con un modelo médico centrado en el cuerpo. Las consecuencias que arrojó esta concepción fueron la medicalización y respuestas de tipo individuales que impedían “compartir ámbitos universitarios, escolares y de la vida cotidiana, cayendo en la segregación. Actualmente esta idea es interpelada por activistas que reclaman una plena participación en la vida social». «Se empieza a pensar la discapacidad vinculada a procesos sociales más amplios y alejada de la concepción que define al cuerpo desde el eje del biologicismo, propio del modo de producción capitalista” agregó.

    La idea de discapacidad como hecho social irrumpe para postular que existe una ideología asociada a este sistema de producción que va a reproducir los sentidos dominantes respecto a los cuerpos. De este modo se demuestra que las personas con discapacidad pueden construir sus propias condiciones y posicionarse como actores políticos, contradiciendo a las representaciones asociadas a un orden natural que las ubica como sujetos de asistencia.

    Este contexto nos permite problematizar la relación universidad y discapacidad a partir de tres categorías: universidad como privilegio, como gesta heroica y como derecho. “Para una persona con discapacidad estudiar en la universidad era una gesta heroica que necesitaba de un acompañamiento familiar y de voluntarixs que las trasladara por lugares inaccesibles o les grabaran las clases. Esta gesta heroica denota la ausencia de políticas adecuadas, cuestión que contradice nuestra concepción de la educación superior como un derecho, que también debe incluir, entre otros colectivos no hegemónicos, a las personas con discapacidad”, explicó Verónica.

    Existen normativas como la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” que resaltan el derecho a la educación superior pero también la necesidad de formar profesionales que en todas las áreas conozcan temas vinculados a la accesibilidad y políticas de inclusión.

    Otro aspecto fundamental es el trabajo colaborativo donde es muy importante la interseccionalidad, la experiencia mancomunada y la corresponsabilidad en todo el sistema educativo.

    De este modo, es necesario estar atentxs a la dialógica de inclusión/exclusión para que las políticas que intentan garantizar la inclusión no resulten excluyentes. Paralelamente nos encontramos con miradas que tienen a ser específicas y atentan contra propuestas diversificadas que permitan alojar de la mejor manera a las personas diferentes. Por ello es importante que las políticas sean amplias, integrales y transversales, y tengan como eje la visibilización, la articulación institucional y una incorporación en la currícula que atraviese a todas las instancias de formación. De este modo, nos acercaremos a una integralidad de las prácticas y a que las transformaciones se relacionen con la docencia, la investigación y la extensión.

    Participaron aproximadamente 80 docentes de universidades argentinas y latinoamericanas que cursan el PADOC, así como docentes externos al posgrado interesadxs en la temática. El próximo encuentro sobre el tema será el 24 de septiembre a las 18 hs (Argentina) y se trabajará sobre “Políticas de accesibilidad en educación superior: experiencias y desafíos”.

    Mirá el video en

  • Una Dosis de identidad

    Una Dosis de identidad

    Como parte de la CTA de lxs trabajadorxs nos sumamos a la campana: UNA DOSIS DE IDENTIDAD de Abuelas de Plaza de Mayo.

    Posteá tu foto fotos en redes con el carnet de vacunación, usando el hashtag #UnaDosisDeIdentidad

    Si te estás vacunando en estos días, y naciste entre 1975 y 1980, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Si tenés dudas, comunicate con abuelas@abuelas.org.ar

     

    Fuente: https://ctaciudad.org/una-dosis-una-identidad/

  • El Cupo Laboral Travesti-Trans ES LEY

    El Cupo Laboral Travesti-Trans ES LEY

    Las, los y les trabajadores de las CTA de CABA celebramos que tenemos Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans en la Argentina

    Argentina es más democrática, más igualitaria.

    El Senado aprobó la Ley “Diana Sacayán – Lohana Berkins” impulsada por la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans, integrada por más de 250 organizaciones, encabezada por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.

    Hoy la Argentina es un país más justo que ayer. Gracias a la diputadas nacionales Gabriela Estévez, Vanesa Siley, Mónica Macha y Cristina Álvarez Rodríguez. Y, sobre todo, gracias a toda la militancia. Esta es una conquista colectiva y federal, y es un homenaje a esas dos grandes Traviarcas que nos marcaron el camino: Diana Sacayán y Lohana Berkins.

    Ahora vamos por la promulgación, la reglamentación y su aplicación efectiva en todo el territorio nacional

    Escuchá la entrevista a Silvana Franco, Secretaria General de ADAI, sobre la Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti y Trans acá:  https://spoti.fi/3gTnwNM

    Fuente: https://ctaciudad.org/el-cupo-laboral-travesti-trans-es-ley/

  • Lucha por los Derechos Humanos y ampliación de la democracia

    Lucha por los Derechos Humanos y ampliación de la democracia

    En la mesa redonda del miércoles 23 de junio organizada con motivo del cierre de las actividades académicas de la materia “Genocidio y memoria”, de la cátedra Brodsky de la Facultad de Derecho participaron: la Secretaría de DDHH de la CTA Provincia de BS. As. y Senadora Provincial, María Reigada, la Legisladora por CABA y Presidenta de la Comisión de DDHH de la Legislatura, Victoria Montenegro, la Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de la Comisión de la Memoria de Campo de Mayo, Iris Pereyra de Avellaneda, y el Secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla. Con la moderación del Profesor Patricio Brodsky, a cargo de la cátedra.

    Inició la actividad Patricio Brodsky recordando al Licenciado Horacio González para luego presentar a lxs panelistas.

    Reigada destacó el lugar de las organizaciones sindicales como portadoras de memoria y ámbito de lucha por la defensa de los intereses y conquistas de derechos por parte de lxs trabajadorxs.

    A continuación habló Montenegro quien destacó el lugar de los organismos de DDHH, particular aunque no exclusivamente, las Abuelas de Plaza de Mayo y su rol en la ampliación de la democracia como espacio de expansión de los derechos.

    A su turno, Pereyra de Avellaneda destacó que la lucha por los DDHH transcurre por mantener la memoria activa pero también por luchar contra las desigualdades y por la inclusión de lxs excluidxs.

    Finalmente habló el Secretario Horacio Pietragalla resaltando las políticas de DDHH desplegadas por el gobierno nacional. Hizo hincapié en la preocupación por abordar las cuestiones vinculadas a la violencia institucional y los efectos a largo plazo de las políticas desplegadas por el gobierno de Cambiemos, como la persecución a la oposición. En este mismo orden, se refirió a la perduración de presxs políticos y del Lawfare como herramienta de persecución, inclusive a nivel internacional, tales como la denuncia ante la CIDH por supuestas embarazadas desatendidas en Formosa.

    Lxs participantes de la charla coincidieron en la necesidad de ampliar los espacios de reflexión colectiva, el valor de las políticas públicas de DDHH y de la presencia del Estado como ampliador de derechos. En la actual coyuntura atravesada por la pandemia, los dispositivos de intervención desplegados por el gobierno nacional son imprescindibles para brindar contención integral a aquellas personas más vulneradas.

    Mirá el video acá:

  • A desmanicomializar, a desmanicomializar

    A desmanicomializar, a desmanicomializar

    Compartimos la nota de nuestro compañero Adelqui Del Do (Delegado general de Feduba Psicología y parte del equipo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y Leonardo Gorbacz (Psicólogo y Director Nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) sobre la necesidad de desmanicomializar y acabar con las violaciones de los DDHH en los servicios de atención mental.

    La palabra desmanicomialización es difícil de pronunciar, pero aún más difícil de llevar a la práctica, porque implica desandar prejuicios, prácticas instituidas y resistencias corporativas. Pero aun así, es necesario. No sólo nos obliga la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también la evidencia de decenas de miles de personas que en lugar de recuperarse se han cronificado en ese tipo de instituciones.

    Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud brinda nuevas orientaciones destinadas a acabar con las violaciones de los derechos humanos en los servicios de atención de la salud mental. Entre sus recomendaciones, señala que los servicios de salud mental deben prestarse en la comunidad, brindar apoyo para la vida cotidiana y facilitar el acceso al alojamiento y al trabajo.

    Pero el punto central del documento lo encontramos en poner en relieve la necesidad de afrontar la discriminación que padecen los usuarios y las usuarias de salud mental y promover los derechos humanos. Ello incluye suprimir el uso de prácticas coercitivas tales como el ingreso forzoso y el tratamiento forzoso, punto en que llega aún más lejos que nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que no suprime las internaciones involuntarias sino que las regula y controla para situaciones de riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros.

    Nuestra Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N° 26.657 tiene como objeto central asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el respeto de los derechos humanos de aquellas con padecimientos mentales. Reconoce el principio de capacidad jurídica y el carácter multicausal de las problemáticas, y brinda pautas para una política pública con perspectiva de derechos humanos apuntando a mejorar las condiciones de vida de miles de usuarios y usuarias del sistema de salud mental e impulsando una inclusión social plena.

    La ley alcanza a las instituciones públicas y privadas de salud mental, e incluye a las adicciones como parte del campo.

    Claramente nuestro país avanzó al sancionar ésta ley, en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos. Lejos de ser un texto inaplicable escrito sin participación de expertos, como se suele afirmar a veces, es una construcción trabajosa y colectiva que se basó en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informes documentados de organismos de DDHH e Instrumentos de organismos internacionales, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de Caracas de la OPS, los principio de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales, entre otros; y fue luego consolidada fuertemente con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

    La palabra desmanicomialización es difícil de pronunciar, pero aún más difícil de llevar a la práctica, porque implica desandar prejuicios, prácticas instituidas y resistencias corporativas. Pero aun así, es necesario. No sólo nos obliga la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención con jerarquía constitucional que promueve la vida independiente de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, sino también la evidencia de decenas de miles de personas que en lugar de recuperarse se han cronificado en ese tipo de instituciones.

    Pero también por otras tantas personas a las que este sistema no les ha dado respuestas, porque concentra la mayor parte de los recursos en pocas instituciones alejadas de los lugares donde vive la gente y desintegrado de la red de salud y de los servicios sociales en el territorio.

    El respaldo explícito del Gobernador Axel Kicillof a un proceso que se viene llevando adelante en la Provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2019, que en poco más de un año ha logrado devolver a la comunidad y en condiciones de vida digna y cuidada a cientos de ciudadanos y ciudadanas que se encontraban abandonadas y encerradas en instituciones de salud mental, constituye un hecho significativo y refleja en palabras lo que ya los hechos venían demostrando en políticas concretas y enfocadas en los derechos humanos de uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

    Las palabras del Gobernador están respaldadas sobre una sólida política de salud mental, encuadrado en el Programa Buenos Aires Libre de Manicomios, que tiene como objetivo el cumplimiento de una ley nacional vigente, votada por unanimidad de todos los bloques políticos hace más de 10 años, y alineada con compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por nuestro país. En este contexto, en octubre del 2020, los directores y directoras de los cuatro hospitales públicos monovalentes de la Provincia de Buenos Aires presentaron sus proyectos para cumplir con la Ley. Dichos proyectos han sido aprobados y ya se están realizando importantes avances para su implementación .

    La profunda transformación institucional para la sustitución definitiva que demanda el artículo 27 de la citada ley es un proceso que requiere tiempo y decisión política, porque se trata de abrir nuevos dispositivos que no respondan a la lógica del aislamiento sino de los cuidados y puedan articularse en el territorio con otras políticas públicas que exceden incluso al sistema sanitario.

    Provincia de Buenos Aires, lejos de poner a la pandemia como obstáculo a la transformación la ha puesto como una palanca para posibilitar la creación de nuevos servicios como los programas de acompañamiento a personas en aislamiento por Covid, el programa de apoyo a los equipos de salud que están en la primer línea de respuesta, los servicios de atención y orientación telefónica, la organización de residencias con apoyos para la externación de personas con muchos años de permanencia en hospitales psiquiátricos por problemas sociales y el fortalecimiento y creación de servicios de salud mental en hospitales generales, que era precisamente lo que estaba anunciando entre otras cosas el gobernador Kicillof en el acto donde habló de desmanicomializar.

    En el 2008 el informe Vidas Arrasadas del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), ponía en evidencia la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, señalando que 25.000 personas con padecimiento mental se encontraban internadas, y que más del 80% de estas personas estaban encerradas hacía más de un año. En el Hospital José T. Borda se destacaba un promedio de internación de 10 años y 6 meses, en el Hospital Braulio Moyano, un promedio de 9 años y 3 meses y en el Infanto Juvenil C. Tobar García, 4 meses y 3 semanas.

    Hoy ese mapa cambió, aunque lejos estamos aún de la plena implementación de la ley 26657.

    Los antecedentes y las recomendaciones internacionales demuestran la importancia de ésta política pública como respuesta a la vulneración de derechos que padecen los usuarios y usuarias de los servicios de salud mental.

    Recorrer ese camino nos permitirá proteger derechos fundamentales y terminar con una de las deudas de nuestra democracia. Un Estado de Bienestar e inclusivo no puede sostener instituciones manicomiales.

    Fuente: https://www.infobae.com/tendencias/2021/06/22/a-desmanicomializar-a-desmanicomializar/?outputType=amp-type&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter&__twitter_impression=true

  • Ley de cupo e inclusión laboral travesti trans ya!!!

    Ley de cupo e inclusión laboral travesti trans ya!!!

    Acompaña el tratamiento urgente del proyecto de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans, que ya cuenta con media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

    Instamos a lxs representantes del Senado de la Nación Argentina a asumir su responsabilidad de asegurar que las leyes construyan igualdad en nuestra sociedad, votando afirmativamente este proyecto que consagra derechos y empieza a reparar otra deuda de nuestra democracia.

    «Por más inclusión, más derechos, más justicia social».

  • Milagro Sala en Semanario CTA

    Milagro Sala en Semanario CTA

    El jueves 17 de junio se dio a conocer el agravamiento de la injusta condena a Milagro Sala. Como parte de la persecución política y en el marco de la causa por un escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se dictó una nueva sentencia de 3 años y medio de prisión contra la dirigenta de la Tupac Amaru.

    En diálogo con Antonella Bianco, Mariano De Negri, Ariel Velazquez y Christian Dodaro, la compañera Milagro Sala se refirió a como en Jujuy se vive en un gobierno dictatorial donde la justicia continua avanzando contra todo movimiento social o partido político que se atreva a pedirle revisión de cuentas a Morales y sus socios. Mediante la represión se “aprietan” a lxs opositorxs.

    Milagro no se mostró sorprendida por su condena ya que la intención siempre fue “llenarla de causas”, con el aval de la aristocracia política jujeña que continua haciendo negocios con la salud y la pandemia. «Gerardo Morales me usa como títere pero en Jujuy, con sus políticas, quien no se muere de Covid, se muere de dengue o se muere de desnutrición» afirmó.

    Con respecto al Poder Ejecutivo Nacional explicó: «Alberto puede tener su opinión sobre la Justicia, pero yo no puedo confiar en una Justicia que está pintada con los colores de Cambiemos y de la UCR en Jujuy. Todos los opositores que se atreven a denunciar a Morales hoy están con causas o presos».

    Escuchá la entrevista en

  • Lucha por los Derechos Humanos y ampliación de la democracia

    Lucha por los Derechos Humanos y ampliación de la democracia

    FEDUBA invita a esta actividad organizada por la materia Genocidio y Memoria de la Facultad de Derecho de la UBA el miércoles 23 de junio a las 19 hs.

    Participarán Estela de Carlotto, Horacio Pietragalla Corti, Victoria Montenegro, Iris Pereyra de Avellaneda y María Reigada. Patricio Brodsky, profesor a cargo de la materia, moderará la actividad.

    Dice Manuel Reyes Mate: «La única posibilidad de construir memoria anamnética es desde la palabra de las víctimas».

    Hace mucho tiempo que desde esta cátedra asumimos ese imperativo ético y político,  porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no es neutral,  por el contrario,  implica tomar partido.

    Como ya es costumbre en nuestra cátedra, cerraremos el calendario académico dándole la palabra a personas con un compromiso incondicional en la defensa de los derechos humanos asumiendo la tesis de Reyes Mate en primera persona, les invitamos a acompañarnos en esta tarea colectiva.

  • Ford en el banquillo de los acusados: una victoria de los trabajadores

    Ford en el banquillo de los acusados: una victoria de los trabajadores

    Les proponemos recorrer esta muestra impulsada por el Espacio Intersindical de Derechos Humanos e H.I.J.O.S. Capital con guion de Marianela Galli, arte y gráfica a cargo de Federico Geller/José Eliezer y texto introductorio escrito por Victoria Basualdo.

    No se pierdan esta excepcional propuesta!!

    https://historiaobrera.com.ar/…/pdf-ford-en-el…

  • Abierta la inscripción para la Diplomatura en Litigio de Derechos Sociales y Ambientales

    Abierta la inscripción para la Diplomatura en Litigio de Derechos Sociales y Ambientales

    FEDUBA invita a inscribirse a la diplomatura que organiza UNPAZ destinada a profesionales interesadxs en temáticas relacionadas a los derechos sociales y ambientales. Se pretende construir un espacio de formación, reflexión y trabajo, sobre los derechos sociales y ambientales, profundizando el estudio de los derechos humanos a partir de una síntesis entre la praxis, la doctrina y la jurisprudencia.

    A partir de una perspectiva que incluye los diversos aspectos que atraviesan al litigio en Derechos Humanos en el campo de lo social y ambiental, esta formación brinda herramientas para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables. La cursada comprende 246 horas en formato virtual y se iniciará a partir de agosto 2021, con momentos asincrónicos y sincrónicos (clases virtuales a través de videoconferencia), además de poner a disposición en las aulas virtuales los materiales de referencia y foros de consulta.

    Con un prestigioso equipo docente y la dirección académica de Sebastián Alejandro Rey (Secretario de Derechos Humanos de FEDUBA) esta diplomatura proporciona las capacidades necesarias para reconocer las dinámicas sociopolíticas que incumben al litigio en Derechos Humanos desde una perspectiva jurídica internacional, así como su vinculación con el derecho interno y su aplicación a la resolución de casos.

    FEDUBA otorgará medias becas a sus afiliadxs, sujetas a disponibilidad. Escribir a cursos@feduba.org.ar

    Más información en: https://www.unpaz.edu.ar/posgrado

  • Apoyo y solidaridad a la causa del pueblo palestino

    Apoyo y solidaridad a la causa del pueblo palestino

    Compartimos la declaración de la CTA lxs trabajadorxs en apoyo a la lucha del pueblo palestino.

    La CTA de los Trabajadores expresa su enérgico repudio a la represión y persecución ejercida por el gobierno del Estado de Israel contra el pueblo palestino en Jerusalén, los bombardeos y asesinatos ocurridos en Gaza y el plan de expulsión a las familias palestinas de sus hogares.

    Argentina reconoce al Estado Palestino desde el año 2010, y lo hace “dentro de las fronteras existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el transcurso del proceso de negociación». Los últimos acontecimientos, dejan en peligro terminal la posibilidad de alcanzar la tan anhelada «solución de los dos Estados» tal como Argentina suscribe en la región.

    En este sentido y adhiriendo a lo expresado por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino exigimos, entendiendo que la comunidad internacional no puede permanecer en silencio y que Argentina tiene en este espacio un lugar comprometido con los derechos humanos de los pueblos y su autodeterminación, solicitamos impulsar las siguientes medidas:

    1. Adoptar en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que renueve el llamado a generar sanciones legítimas y efectivas a Israel enfocadas en el embargo militar, así como a proveer los medios para implementarlas, como contramedida para detener su anexión de facto y de jure de territorios palestinos ocupados y otras graves violaciones de la ley internacional.

    2. Promover la activación del Comité Especial contra el Apartheid de las Naciones Unidas para abordar el régimen de Israel sobre la población autóctona de Palestina.

    3. Garantizar la efectividad y actualización regular de la base de datos de las Naciones Unidas de compañías involucradas en negocios en los asentamientos ilegales israelíes.

    4. Apoyar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en los territorios palestinos ocupados.

    Desde CTA de los Trabajadores volvemos a reiterar todo nuestro apoyo y solidaridad a la causa y al pueblo palestino.

    ¡Viva Palestina Libre!

    Roberto Baradel
    Secretario de Relaciones Internacionales
    CTA de lxs Trabajadorxs

    Hugo Yasky
    Secretario General
    CTA de lxs Trabajadorxs

    Foto: Reuters (Mohamad Torokman)

     

    Fuente: http://www.cta.org.ar/IMG/pdf/declaracion_solidaridad_con_palestina.pdf

  • Lucas López Asenjo en «Normativa Laboral, Dictadura y Resistencia; desde 1976 a nuestros días»

    Lucas López Asenjo en «Normativa Laboral, Dictadura y Resistencia; desde 1976 a nuestros días»

    Lucas Asenjo (Pro-Secretario de Derechos  Humanos de APA, integrante de la Intersindical de Derechos Humanos y militante de H.I.J.O.S) compartió su historia personal como hijo del periodista desaparecido Jorge Asenjo y su perspectiva de la relación entre el sindicalismo y los Derechos Humanos. “A los 25 años mi familia se vio obligada a contarme que era hijo de un desaparecido. Esta confesión me produjo un gran alivio porque pude confirmar mis sospechas sobre mis orígenes y reconstruir mi identidad, sabiendo que mi viejo era un militante del PRT que desapareció mientras mi mamá estaba embarazada”, relató.

    Recientemente Lucas declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén donde fue desaparecido su padre. “Lamentablemente los genocidas estaban en un Zoom pero pude mostrarles la foto de mi papá y pedirles que me digan dónde está. De alguna manera esta situación fue reparadora“, afirmó.

    Como testigo en el juicio de La Escuelita, Lucas no pudo aportar a la reconstrucción de los hechos pero pudo acusar a algunos de los responsables de los momentos que no tuvo con su padre, y que aquello fuese parte de la condena.

    Adentrándose en la concordancia entre sindicalismo y derechos humanos, resaltó la importancia de aquellos espacios, como el que integra en la Asociación de Personal Aeronáutico, para recupera la historia de cada gremio y fortalecerlo. “Durante la dictadura militar fueron intervenidos los sindicatos, por lo que hay muy poco material de archivo para reconstruir la identidad de los trabajadores desaparecidos. Muchos delegados fueron expulsados de los sindicatos, quedando totalmente expuestos” aclaró.

    Fue de gran ayuda la reparación de los legajos establecida por el decreto 1199/2012, que habilitó la inscripción de la condición de detenidx-desaparecidx como el motivo por el cual dejaron de presentarse a sus puestos laborales aquellxs trabajadorxs de la administración pública víctimas del terrorismo de Estado. “Puede parecer que es solo un papel pero es muy trascendente para las familias. Tener acceso al legajo de mi viejo me permitió conocer su firma y su huella digital” recordó.

    Por otro lado, Lucas subrayó que el mejor curso de formación en derechos humanos es asistir a un juicio de lesa humanidad. Por eso es importante que los sindicatos participen en las audiencias, del mismo modo que los testimonios en primera persona ayudan a que la reconstrucción de la historia sea una realidad. Además, los sindicatos cuentan con la posibilidad de ser querellantes en una causa y a través del poder que le otorgan, contar con la fuerza de sus afiliadxs y ejercer cierta presión en los tribunales a favor de la justicia.

    Es necesario revertir la imagen donde lxs sindicalistxs son corruptxs y están muy alejadxs de los derechos humanos. En base a esta perspectiva se creó la Intersindical de Derechos Humanos, como un espacio transversal que desde su confirmación, tiene entre sus objetivos, aportar elementos a las investigaciones para probar la complicidad entre las empresas y la última dictadura cívico militar, y conforma una conjunción del sindicalismo de las distintas corrientes con los organismos de derechos humanos.

    Mirá el video en:

  • Denunciamos la violación a los DDHH en Colombia

    Denunciamos la violación a los DDHH en Colombia

    Junto a nuestra Federación CONADU, apoyamos al Pueblo hermano de Colombia, sus organizaciones sindicales, sociales y de todo el campo popular en su legítimo y pacífico reclamo al gobierno del Presidente Duque.

    Denunciamos y repudiamos la brutal represión del gobierno colombiano contra la clase trabajadora, perpetrado por las fuerzas armadas, de cuyo accionar han resultado jóvenes asesinadxs, incontable número de heridxs, personas que han perdido su visión, casi 700 personas detenidas, múltiples abusos sexuales, personas desaparecidas, y la persecución a líderes sindicales y sociales. UNA SISTEMÁTICA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS COMO POLÍTICA DE ESTADO, frente a la democrática manifestación de un pueblo por sus derechos más elementales, el derecho a la VIDA, que contraría todos los principios de un Estado de Derecho.

    Hacemos responsable al gobierno de Duque por la brutalidad de los atropellos contra el pueblo colombiano, con los que pretende imponer su política neoliberal de hambre y privatización de los derechos sociales más elementales – la salud, la educación y el acceso a los bienes necesarios para la vida de la población – como causante de los estragos que se viven en Colombia, que además han agravado en ese país los índices epidemiológicos y sanitarios de la pandemia.

    Como trabajadorxs, exigimos al Presidente Duque: el cese inmediato de la represión, la plena vigencia del Estado de Derecho y la reparación de los daños a las víctimas. Nos solidarizamos con nuestros compañeros de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) y de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), y con el pueblo colombiano en lucha por sus derechos, para quienes demandamos la plena protección que establecen las garantías constitucionales y las normas de derecho internacional en materia laboral y de DDHH.

    Por su parte, la Internacional de la Educación América Latina (IEAL) también condena la brutal y sistemática represión al pueblo colombiano en el contexto del paro nacional.

    Hacer click aquí para acceder a la denuncia y posicionamiento regional. 

    Fuente: https://conadu.org.ar/denunciamos-la-sistematica-violacion-a-los-derechos-humanos-como-politica-de-estado-en-colombia/

  • Seminario de Posgrado «Derechos Humanos, fundamentos y perspectivas»

    Seminario de Posgrado «Derechos Humanos, fundamentos y perspectivas»

    Compartimos la invitación al Seminario de Posgrado «Derechos Humanos, fundamentos y perspectivas», de la Secretaría de Derechos Humanos y la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional.

    El mismo está destinado exclusivamente a docentes universitarixs y la inscripción comienza el lunes 12 de abril.

    El inicio de la primera edición del curso está prevista para el 3 de mayo y la finalización el 8 de julio. La coordinación estará a cargo de profesionales de la Secretaría de Derechos Humanos y contará con una coordinación institucional a cargo de la RIDHH.

    Duración:10 semanas
    Carga horaria: 50 horas
    Período de inscripción: 12 al 21 de abril
    Inicio de cursada: 3 de mayo

    OBJETIVOS
    Que los y las participantes:
    – Conozcan los conceptos básicos vinculados a la protección y promoción de los derechos humanos.
    – Reconozcan la relación intrínseca entre promoción y defensa de los derechos humanos, la lucha contra las diferentes formas de discriminación y la equidad en materia de género.
    – Reflexionen sobre la función social de la educación (y en particular de la educación superior) en la estructuración de subjetividades respetuosas de los derechos.
    – Adquieran un posicionamiento responsable, consiente y valorador de las diferencias en sus costumbres, valores y prácticas.
    – Comprendan la importancia del desarrollo institucional, normativo y de políticas públicas orientadas a promover el respeto y la vigencia plena de los derechos humanos.

    CONTENIDOS
    – Módulo 1: Introducción a los derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación
    – Módulo 2: Los procesos de institucionalización de los derechos humanos
    – Módulo 3: Prácticas sociales e institucionales discriminatorias
    – Módulo 4: Los derechos humanos en las aulas universitarias

    Inscripción en: https://bit.ly/2Qg6U8j

  • Solidaridad con Karina Bidaseca y Lucía Nuñez Lodwick

    Solidaridad con Karina Bidaseca y Lucía Nuñez Lodwick

    Repudiamos el ciberataque contra Karina Bidaseca y Lucía Nuñez Lodwick, docentes e investigadoras, en la presentación del artículo “Ilse Fuskova: cuerpo, estética y memoria cuir”.

    Compartimos el comunicado que da cuenta de los hechos.

    Expresamos nuestro repudio ante los dichos violentos y misóginos contra nuestras compañeras y trabajadoras de la ciencia y educación Karina Bidaseca y Lucía Nuñez Lodwick -docentes e investigadoras de CONICET/NuSUR-IDAES/UNSAM y del Grupo de Trabajo Epistemologías del Sur y Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas de CLACSO- y de las colegas presentes, en el marco de un evento científico en la presentación del artículo «Ilse Fusková. Cuerpo, estética y memoria cuir» publicado en la #RevistaLaManzanadelaDiscordia de #Univalle, Colombia en el día 24 de marzo de 2021. https://manzanadiscordia.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/article/view/10080/13217.

    Los comentarios violentos se dieron además en una fecha especial para la Argentina: 24 de marzo Día de la memoria, donde recordamos a lxs 30.400 compañerxs desaparecidxs durante el último golpe de estado. Justamente con éste artículo pretendemos contribuir a visibilizar las luchas y activismos de aquellxs sujetxs borradxs de las grandes narrativas de la historia heteronormativa. La apropiación de nombres de desaparecidxs por parte de los trolls para perpetrar esta violencia refuerza la gravedad de la situación.

    El odio se está normalizando contra nosotras y nosotres en ciberataques referidos a mesas, paneles, presentaciones de libros sobre teoría feminista, cuir, que se acentuaron desde que la pandemia nos transformó en trabajadoras de la educación a distancia y todos los eventos académicos se volvieron virtuales. Si bien el contexto de lo virtual disloca los lugares, es preciso señalar que nuestros países de América Latina y Caribe están viviendo avances sostenidos de fascismo y grupos religiosos homolesbotransfóbicos desde estos últimos años que están tomando los foros públicos y las calles.

    La expresión “ideología de género” -especialmente en Colombia aunque no sólo allí- se ha generalizado desde grupos conservadores, como mecanismo para estigmatizar los discursos y prácticas que problematizan las desigualdades históricas de género y que reivindican los derechos de las mujeres y disidencias. La “ideología de género”, trasciende el ámbito religioso, en su conexión con la política. Se convirtió en un modo de desactivar activismos y artivismos en flujos discursivos y redes de activismo conservador de escala global y regional en contra de los logros y conquistas de los derechos de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, no binaries, entre otres.

    La arena pública y las marchas de las derechas, los discursos de la «vida», sirve de soporte a un mundo en los que el autoritarismo del miedo pretende censurarnos, acallarnos y amedrentarnos. En Colombia entre otros, hay dos episodios que revelan el alcance y las estrategias del activismo religioso y político conservador a través del discurso de la “ideología de género”: las protestas contra el material pedagógico diseñado por el Ministerio de Educación para combatir la homofobia y transfobia en los colegios; y el triunfo del “No” en la refrendación popular del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc-EP.

    En Brasil: 120 mujeres víctimas de ciberacoso por día. Se estima que el 1 por ciento de las violencias de género ocurren en Internet. 120 mujeres son agredidas y acosadas en línea por día. El tema ya ha merecido hasta estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con justificación. De cada 10 mujeres que usan Internet, hay siete que siguen sufriendo por haber sido expuestas a alguna violencia en línea. Si cada dos segundos, de acuerdo con el reloj de la violencia del Instituto Maria da Penha, una mujer es víctima de violencia física o verbal en Brasil, es casi obvio para los expertos en discusiones de género que esa violencia se vive también en el mundo digital. “La Internet es la nueva calle”, dice la profesora de derecho de la Universidad Católica de Pernambuco (Unicap) y coordinadora del grupo Frida de Género y Diversidad, Carolina Ferraz. Para ella, “el espacio cibernético es nuestra casa, nuestro barrio. No si puede verlo lejos de nuestra realidad”. Y permite “la continuidad de la sistemática machista, por la cultura de la banalización de la violencia de género, que mira a la mujer como objeto”, dice la gerente de contenido de la ONG feminista Olga, Débora Torri.

    El cyberataque que permanentemente vivimos desde la pandemia, en los zooms y otras diversas plataformas cuando debimos recluirnos por la situación de Aislamiento Social Preventivo o Cuarentena se está tornando normal y cotidiano.

    No vamos a normalizar el odio ni las formas de violencia escondidas tras las pantallas, que sistemáticamente vulneran nuestras formas de expresión pública, lacerando la libertad de expresión, de circulación, y amedrentando la capacidad de movilizarnos en los últimos años.

    El espacio virtual, al igual que todos los espacios de la vida social, está atravesados por  la disputa de poder. Nosotras, cuerpas  unidas y en lucha por derechos y libertad recibimos, también aquí, el azote de la violencia machista, racista y patriarcal. Organizados para acallar nuestras voces, olvidan nuestras historias de colaboración y resistencia. Nuestras voces y pensamientos circularán libres por las redes, llegarán hasta allí donde sean necesarios, a pesar de los intentos de amordazarnos con el miedo. Juntas somos potencia.

    Aunque nos violenten, aunque nos quieran amedrentar, no volverán a silenciar nuestras voces, no nos callamos más.

    La casa del amo no se desmantela con las herramientas del amo, nos enseñó Audre Lorde.

    Firmá la declaración acá: https://bit.ly/2NW84Vv

  • 45 años del Golpe Genocida: Plantamos Memoria

    45 años del Golpe Genocida: Plantamos Memoria

    En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, nos sumamos a la acción colectiva impulsada por los organismos de Derechos Humanos para sembrar 30 mil árboles en el territorio nacional. Por eso, desde FEDUBA participamos de iniciativas en las sedes de nuestro sindicato y en diferentes facultades con autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes.

    Junto CONADU y a ADAI ratificamos nuestro compromiso con la democracia y el recuerdo de cada compañerx detenidx desaparecidx, que trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario.

    La iniciativa se replicó en el CIDAC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así como en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

    Participaron Federico Montero, Carlos De Feo, integrantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU y FEDUBA. También estuvieron presentes Avelina Alonso, Yamile Socolovsky, Silvana Franco, Juan C. Reboreda, Pablo Nuñez, Carolina Vera, la Comisión Interna de APUBA, Dora Barrancos, Mario Pecheny y Martín Unzué. Formaron parte de la jornada compañerxs de las conducciones del CEFYL y el CECEN, de la Lista 5, Lista 15, Identidad, el Frente de Abogadxs Populares, graduadxs y de No Docentes por la Memoria.

    A 45 años del golpe cívico-militar, y en el marco de una pandemia que nos impide realizar concentraciones de gente,  adherimos a esta campaña y plantamos vida como un acto de memoria y futuro.

  • Avelina Alonso en Radio Caput: «Nos propusimos resistir»

    Avelina Alonso en Radio Caput: «Nos propusimos resistir»

    Avelina Alonso (Secretaria de Derechos Humanos de CONADU)  brindó una entrevista al programa “SomosNosotras” donde afirmó que «llevamos las banderas de lucha de los y las 30 mil».

    En la semana en que se cumplieron 45 años del golpe genocida, desde la Secretaría de Derechos Humanos de CONADU se impulsaron actividades con el objetivo de mantener viva la memoria.

    En diálogo con nuestra compañera María Andrea Cuellar Camarena y Florencia Rey, Avelina destacó que además de todas las propuestas vinculadas a la fecha, el objetivo apuntó a «hacer realidad efectiva aquellos derechos por los que pelearon los 30 mil detenidos desaparecidos y desaparecidas». En ese sentido remarcó que «formamos parte de un proyecto que busca crecer en derechos para los trabajadores y trabajadoras».

    Avelina Alonso subrayó que desde la Intersindical de Derechos Humanos «nos propusimos resistir» sobre todo en los años de retrocesos que significó el gobierno de Mauricio Macri. Además afirmó que a través de la lucha sindical se aportó a empujar «la llegada de este otro proyecto que viene con una pesada herencia».

     

    Escuchá la entrevista acá:

  • Homenaje a las y los trabajadores detenidos desaparecidos a 45 años del golpe militar

    Homenaje a las y los trabajadores detenidos desaparecidos a 45 años del golpe militar

    FEDUBA, CONADU y la CTA presentes junto al Presidente Alberto Fernández en el acto de H.I.J.O.S. Capital y la Intersindical de DD.HH.

    El sábado 20 de marzo, se llevó a cabo un hecho histórico en homenaje a nuestrxs 30 mil compañerxs trabajadorxs detenidxs desaparecidxs, en la casa de la Militancia de la Ex ESMA. Fue un acto fraterno organizado por la Intersindical de DD.HH. e H.I.J.O.S., donde participaron nuestrxs Secretarixs Sindicales, demostrando la Unidad junto a Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo bajo el lema «Lxs 30 mil son parte del Movimiento Obrero».

    Contamos con la presencia del Presidente Alberto Fernández, quien nos honró con unas emotivas palabras, para el cierre de la jornada, al recordar que la Memoria de nuestrxs 30 mil está más presente que nunca.

    #45AñosDelGolpeGenocida  #Son30Mil  #PlantamosMemoria

    Mirá el video acá:

  • A 45 años del golpe genocida: Homenaje a lxs trabajadorxs detenidxs-desaparecidxs

    A 45 años del golpe genocida: Homenaje a lxs trabajadorxs detenidxs-desaparecidxs

    La Intersindical de DDHH e H.I.J.O.S. sellamos unidad bajo la consigna «LXS 30MIL SON PARTE DEL MOVIMIENTO OBRERO».

    El modelo económico-político y social impuesto por las dictaduras fue siempre enemigo acérrimo de la organización popular, fundamentalmente de las organizaciones sindicales. Es por eso que los valores que levantaban nuestras compañeras y compañeros de “Unidad, Solidaridad y Organización”, son imprescindibles para la defensa de los Derechos Humanos.

    Sumate a las actividades de este sábado 20/3 a las 16 y 17hs.

  • «La Universidad popular y el derecho a acceder a la educación»

    «La Universidad popular y el derecho a acceder a la educación»

    Este miércoles, se realizó, como parte de las actividades del Mes de la Memoria, una mesa moderada por Avelina Alonso (Secretaria de Derechos Humanos Conadu) y con la participación de Eduardo Barcesat y Eduardo Tavani. La presentación estuvo a cargo del Secretario General de nuestra Federación, Carlos de Feo. Federico Montero, Andrea Cuellar Camarena y compañerxs de gremios de base de CONADU participaron de la charla.

    De Feo señaló la importancia de «construir cada vez más conciencia sobre la organización popular de lxs trabajadorxs y sus luchas» y Avelina agregó que «se trata de tramar y combinar nuestras memorias y experiencias».

    Eduardo Barcesat contó su experiencia como hijo de la escuela pública y la universidad pública y una anécdota particular cuando se presentó a un concurso como docente: «Cuando me presenté tuve que afrontar nuestra escaza producción jurídica. Me dijero que no tuve un ejercicio continuado de la docencia, y ¡con todo lo que había pasado en el país! Aquí hubo condiciones que impidieron la producción. Hubo gente que acumuló trabajos pero que no estuvo en la lucha, en la trinchera, en lo habeas corpus, con los detenidos disposición del Poder Ejecutivo o los desaparecidos. Nosotros veníamos con heridas de lucha».

    Eduardo Tavani, por su parte, reivindicó a los compañeros que hicieron que en las universidades todo fuera puesto patas para arriba: el plan de estudios, la departamentalización de las materias, la creación de institutos únicos para Argentina y América Latinas. «Fueron cientos de compañeros cuyas ausencias lloramos. Y nosotros seguimos esos sueños», señaló.

    #Son30Mil #PlantamosMemoria

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  • En Exactas plantamos memoria

    En Exactas plantamos memoria

    Es miércoles 24 de marzo a las 10hs nos encontramos en el Pabellón 1 de la Facultad de Ciencias Exactas junto a la Comisión Interna de Exactas de APUBA e Identidad Exactas. Sumate a plantar árboles nativos para conmemorar a nuestrxs compañerxs detenidxs desaparecidxs.

  • A 45 años del golpe genocida

    A 45 años del golpe genocida

    Este año seguimos luchando contra el olvido y el silencio. Junto a nuestra Federación Conadu y en el marco del mes de la memoria, la verdad y la justicia, presentamos una agenda de actividades conmemorativas.

    El 24 de marzo adherimos a las distintas convocatorias de Madres, Abuelas y Organismos de DDHH, “Plantamos Arboles. Plantamos Memoria”. Sembremos 30 mil árboles por nuestrxs 30 mil compañerxs detenidxs desaparecidxs.

  • Repudiamos la violenta manifestación en Plaza de Mayo

    Repudiamos la violenta manifestación en Plaza de Mayo

    Compartimos la declaración de nuestra Federación Conadu sobre la apología de la muerte que se desplegó este sábado frente a la Casa Rosada y expresamos nuestra preocupación ante esta campaña de odio.

    La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) repudia el odio, las injurias y la banalización de la muerte que fueron expresadas este sábado en la marcha opositora frente a la Casa Rosada. La violenta puesta en escena de bolsas mortuorias con letreros que identificaban a organizaciones y personas, apelando al pesar sufrido por los familiares que perdieron algún ser querido en la pandemia, constituye una de las más cínicas formas de manipulación política por medio del dolor y el temor.

    En este caso, se ha llegado al extremo de injuriar a nuestra querida Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, gran luchadora por la vida, la identidad y los derechos humanos desde las épocas oscuras de la dictadura genocida. De la misma forma se agravia a funcionarios públicos y militantes que tienen un papel estratégico en un gobierno que ha puesto a la vida y la salud como principal prioridad durante el transcurso de la pandemia.

    Los mismos sectores que combatieron las medidas de cuidado y denostaron la campaña de vacunación, al punto de denunciar un “envenenamiento masivo”, continúan con la manipulación fingiendo indignación frente al desarrollo del plan de inmunización más grande de nuestra historia.

    Aquellos que eliminaron el Ministerio de Salud, se montan en la magnificación de los casos que fueron detectados por el gobierno nacional y que le valieron la renuncia al Ministro Ginés González, para generar un clima de sospecha masiva y denostar a personalidades de gran trayectoria, funcionarixs y trabajadorxs esenciales que están dentro de las prioridades del plan de vacunación.

    Frente a estas campañas injuriosas que juegan con el dolor, la muerte y el odio, reivindicamos la gran gesta que están llevando adelante lxs trabajadorxs esenciales, el pueblo argentino, el gobierno nacional y la mayor parte de los gobiernos provinciales en la lucha frente a la pandemia.

  • Proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional

    Proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional

    Desde Feduba apoyamos el proyecto de ley para erradicar la violencia institucional, los abusos de parte de las fuerzas policiales de seguridad y el servicio penitenciario en todo el país presentado por el Frente de Todxs. Es una deuda histórica la necesidad de contar con seguridad pública con perspectiva democrática.

    La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca, su par de Derechos Humanos y compañero, Hugo Yasky, y el diputado Leo Grosso. Cuenta con el respaldo de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, y en el anuncio participaron familiares de víctimas de la violencia institucional y organizaciones sociales.

    Entre sus aspectos más destacados, se contempla la creación de un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.

    Otro de los ejes está relacionado con la asistencia y reparación a las víctimas. En este sentido, se establece la creación de centros de recepción de denuncias con el objetivo de aportar a la claridad y transparencia del proceso.

    La norma también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales. Y, además, define un protocolo para resguardar a las personas que participen de manifestaciones en la vía pública.

    Más información en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-derechos-humanos-acompano-la-presentacion-del-proyecto-de-ley-integral

  • Cablevisión, pará la mano

    Cablevisión, pará la mano

    Quienes abajo firmamos le exigimos a Cablevisión/Clarín/Telecom que respete al sistema democrático. Y que cumpla las normas que dicta un gobierno democráticamente elegido. Sobre todo, cuando está en juego el acceso social a la información, la educación y la cultura.

    Una vez más, el holding intenta burlarse de las instituciones y golpea el bolsillo de la ciudadanía.

    Por segundo mes consecutivo, Cablevisión aplicó a los usuarios un aumento del 20 por ciento, desconociendo la autorización de sólo el 5 por ciento de incremento que dispuso el Ente Nacional de Comunicaciones mediante la Resolución 1466/2020, medida dispuesta en el contexto extraordinario de la pandemia que afecta al planeta.

    Además, confiando en la influencia de su posición dominante de mercado y probables complicidades dentro del Poder Judicial, otra vez el Grupo maniobra para evitar el cumplimiento de resoluciones democráticas que benefician al conjunto de la sociedad y ponen límite a sus intereses corporativos.

    En el fondo, la empresa pretende desconocer el DNU 690/20, con el que el presidente Alberto Fernández determinó que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un derecho humano básico, declarando a la telefonía celular, la fija, internet y la TV por pago como servicios públicos esenciales en competencia.

    El decreto 690/20 ya refrendado por el Senado de la Nación repuso la facultad regulatoria del Estado que había derogado el macrismo. Y por lo tanto está plenamente vigente. Por ello los precios fijados para los servicios de TIC deben ser autorizados por el ENACOM.

    También señalamos que es obligatoria para las empresas garantizar la Prestación Básica Universal (PBU) para toda persona cuyo ingreso fuera igual o inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles, para que nadie se quede sin acceso a un recurso básico como la conectividad, por cuestiones económicas.

    El mismo holding que repartió dividendos a sus accionistas en medio de la pandemia, hace uso de su posición dominante en el sistema de medios para lucrar con los usuarios mediante abusos tarifarios, hoy ilegales. A pesar del intento permanente de parte del gobierno de generar un vínculo de diálogo, las empresas del grupo Clarín desconocen las normas legales dictadas en un gobierno democrático. No es la primera vez.

    El conflicto real sigue siendo el mismo. Quién gobierna la Argentina: el voto mayoritario de la ciudadanía en democracia o algunas corporaciones cartelizadas.

     

    Completá el formulario y adherite a la solicitada: http://bit.ly/3ti4nt2

    Documento: http://bit.ly/3aCD5W3

    Twitter: @paralamanook

     

  • Reunión de la Intersindical de Comunicación junto a la Defensoría del Público: para que la comunicación sea un derecho de todxs

    Reunión de la Intersindical de Comunicación junto a la Defensoría del Público: para que la comunicación sea un derecho de todxs

    El lunes 21 de diciembre se llevó a cabo una reunión entre la Defensoría del Público y la Intersindical de Comunicación. Estuvieron presentes en el encuentro lxs Secretarixs de Prensa y Comunicación de sindicatos participantes de la INTERSINDICAL de COMUNICACION y el equipo de la Defensoría del Público, encabezado por la Defensora del Público Miriam Lewin.

    Para comenzar el encuentro, Miriam Lewin, Defensora del Público y Periodista, se explayó respecto a las implicancias de la comunicación popular y de lxs trabajadorxs. En relación a esto, propuso empezar a fijar objetivos y metodologías de trabajo, además de poner a disposición ciertas referencias a la hora de comunicar.

    Durante todo el encuentro fueron participando diferentes representantes de cada uno de los sindicatos que estuvieron presentes, los cuales están nucleados tanto en la CTA como en la CGT.  A su momento, lxs compañerxs tomaron la palabra para expresar y compartir inquietudes, además de expresar análisis de la coyuntura en comunicación, realizar propuestas concretas y plantear objetivos.

    Con un fructífero debate colectivo, lxs participantes acordaron conformar mesas de trabajo que tendrán lugar el próximo año. Asimismo se planteó preocupación por diversas situaciones tales como las noticias falsas, los conflictos dentro de los propios medios de comunicación, la manera de transmitir las noticias. Se resaltó la importancia de avanzar en plantear los espacios a ocupar y la mejor manera de comunicar las acciones de lxs  trabajadorxs organizadxs sindicalmente; entre otros propósitos.

    Como propuestas a desarrollar también se definieron campañas para realizar de manera conjunta con la Defensoría que apunten a la concientización respecto a las luchas sindicales y laborales. Queda pendiente una agenda conjunta con diversas mesas de trabajo a retomar en el 2021.

    Cabe destacar que la Intersindical estuvo representada por la participación de los siguientes organizaciones sindicales: AEFIP, AGTSyP, APA, APSEE, ATE Capital, CONADU, CTERA, FEDUBA, FEPEVINA/SEVINA, FESTRAM, SADOP, SATSAID, SECASFPI, SIPREBA, SUTEBA, SUTEPA, UOLRA, UPJET y UTE.

    POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL ACCESO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN!!!

  • 10/12 Todxs al Congreso

    10/12 Todxs al Congreso

    Esta semana se trata, en la Cámara de Diputadxs, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

    Por más salud, más derechos, más justicia social.

    Es ahora, es urgente, ¡mañana vamos todxs al Congreso!

    Nos encontramos el jueves 10 de diciembre a las 10hs en Av. Rivadavia y Av. Callao. Sumate a hacer historia usando tapaboca, manteniendo la distancia y llevando tu alcohol en gel.

    Que la marea verde llegue cada vez más lejos y que nuestros derechos sean ley.

  • Estado, genocidio y políticas de memoria en tiempos de pandemia

    Estado, genocidio y políticas de memoria en tiempos de pandemia

    En ocasión del cierre de la materia Genocidio y Memoria de la Facultad de Derecho de la UBA, lxs invitamos a la charla virtual que se realizará el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 hs.

    En el encuentro participarán Horacio Pietragalla Corti (Secretario de DDHH de la Nación), el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni (Juez de la Corte Interamericana de DDHH), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora) y Victoria Montenegro (Presidenta de la Comisión de DDHH Legislatura CABA).  Patricio Brodsky (Profesor a cargo de la Cátedra Genocidio y Memoria) moderará la actividad.

    Los trabajos de memoria, necesariamente, son colectivos, en un contexto de pandemia, donde el distanciamiento social se impone como una condición imprescindible para el cuidado de la salud pública, entendida esta como un deber del estado, debemos pensar y forzar nuestra creatividad para intervenir y desarrollar políticas públicas para sostener la memoria colectiva de nuestro pasado. Dijo Manuel Reyes Mate: «La única posibilidad de construir una memoria anamnética es retomando la palabra de las víctimas», de allí la importancia de las políticas públicas de memoria, el principal interrogante es cómo construir memoria colectiva en un contexto de aislamiento y encierro.

    Inscribite en: https://bit.ly/39hSwDL

  • Repudiamos la conformación de una «Mesa de Enlace» militar

    Repudiamos la conformación de una «Mesa de Enlace» militar

    Desde FEDUBA, como parte de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, expresamos nuestro repudio frente a la conformación de una «Mesa de enlace» compuesta por fuerzas armadas y de seguridad, que representa un verdadero ataque a nuestra democracia.

    Luego de los tiempos oscuros de la dictadura cívico-militar, la política de Derechos Humanos y Memoria, Verdad y Justicia es un compromiso de todo el pueblo argentino.

    Por ello, suscribimos en forma integral lo expresado por los organismos de DDHH:

    Rechazamos la conformación de la “Mesa de Enlace” militar

    Los organismos de derechos humanos abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación ante la conformación de un grupo de ex integrantes de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, bajo la denominación de “Mesa de enlace”.

    En este sentido, adherimos a las expresiones del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, sobre el grado de alerta que provoca en nuestra sociedad. La democracia no admite una conducción paralela de las Fuerzas Armadas, como tampoco la intención de poner en duda a las instituciones que la dirigen. Por eso consideramos fundamental expresar nuestro enérgico rechazo a este grupo, que no puede ni debe ser naturalizado por quienes defendemos los derechos humanos ni por quienes comunican su puesta en funcionamiento. Instamos a quienes quieran aportar al fortalecimiento de la democracia a que lo hagan en las vías correspondientes, y a quienes tengan algún tipo de duda, a que recuerden que nuestro pueblo eligió Memoria, Verdad y Justicia para siempre.

    Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Asamblea Permanente por los derechos humanos La Matanza – Movimiento Ecuménico por los derechos humanos – Centro de Estudios Legales y Sociales – Fundación Memoria Histórica y Social Argentina – Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte – Buena Memoria

  • Hugo Yasky sobre el Proyecto de Reparación de Legajos de Trabajadorxs en el sector privado

    Hugo Yasky sobre el Proyecto de Reparación de Legajos de Trabajadorxs en el sector privado

    El compañero Hugo Yasky (Diputado Nacional y Secretario General de la Central de Trabajadores Argentinos) explicó la importancia que tiene el proyecto de ley que establece la reparación de legajos laborales de lxs trabajadorxs del sector privado desaparecidxs en la última dictadura cívico militar. El mismo fue aprobado este miércoles 11 de noviembre en la Cámara de Diputados, con 207 votos afirmativos, 15 negativos y siete abstenciones.

    Durante la sesión, reconoció el trabajo realizado por la Intersindical de Derechos Humanos, de la que formamos parte como FEDUBA junto a otros sindicatos de la CGT y de la CTA, en las diferentes convocatorias que se realizaron para el tratamiento de este proyecto.

    Como titular de la comisión de Derechos Humanos, explicó la importancia de esta medida para restituir la historia de aquellxs “trabajadores que en cumplimiento de su compromiso militante del ámbito sindical y político, sufrieron la condición de detenido desaparecido».

    “Reparar esos legajos les va a devolver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, parte de esas vidas”, concluyó Yasky.

     

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  • Kevin Axel Costa en “Normativa Laboral, Dictadura y Resistencia; desde 1976 a nuestros días”

    Kevin Axel Costa en “Normativa Laboral, Dictadura y Resistencia; desde 1976 a nuestros días”

    Kevin Axel Costa (Abogado y Docente UBA) retoma la problemática de la subjetividad neoliberal desarrollada en la clase de Ricardo Ferrari, desde una perspectiva histórica, política y militante.

    El derecho surge de la confrontación de ideas políticas y las normas pueden actuar como legitimantes de ciertas conformaciones de subjetividad. Es decir que las normas no son neutrales, sino que se construyen a partir de ciertas cosmovisiones del mundo, del país, o del trabajo.

    A la hora de abordar al neoliberalismo nos encontramos con dos grandes dicotomías: individuo y  sociedad, y  mercado y democracia. El origen de estas dicotomías nos remonta al origen de la democracia en la antigua Grecia y a la constitución de la polis, como primer ámbito de participación societaria. Es aquí donde se establece la primera distinción entre el individuo como ser aislado, y lxs sujetxs integradxs a una sociedad.

    En cambio, en las monarquías absolutistas el poder político y el económico estaban concentrados en una misma figura, que a su vez configuraban un tipo de sociedad dividida en estamentos. Este esquema se empieza a resquebrajar con las diferentes revoluciones que se suceden desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. El esquema del antiguo régimen se debilita a partir de la irrupción de las ideas liberales del iluminismo.  Este primer liberalismo fue impulsado por sectores de la burguesía, que pese a tener mayores recursos económicos no podían acceder al poder político. Cuando se rompe el régimen estamental y se habilita cierta movilidad social, se introducen también nuevos conceptos como la idea de competencia, libre mercado y la idea de limitar el poder a través del derecho constitucional.

    Por otro lado, la idea de libertad política es fundamental para el proceso de cuestionamiento al antiguo régimen,  tanto como la idea de libre competencia. En cambio, el neoliberalismo pone el acento en la libertad económica, pese a que Adam Smith ya advierte sobre la necesidad de un Estado que regule esta competencia y permita la existencia de la misma. “El Estado mínimo de los liberales, no es un Estado inexistente, sino que se trata de un Estado que permita que se sostenga el mercado”, sintetiza Axel. A partir de la irrupción del  liberalismo clásico, es el Estado el que limita el poder absoluto de los nobles a través del derecho y se empiezan a discutir las cuestiones públicas desde la economía. De este modo, el Estado pasa a ser el garante del mercado y quien garantiza los derechos esenciales para el funcionamiento de la libre competencia.

    Este recorrido histórico nos permite atender a las diferencias entre los pilares del liberalismo clásico y los discursos libertarios que circulan en la actualidad. El surgimiento del neoliberalismo desplaza la idea de un Estado benefactor, a la vez que pondera al individualismo. De este modo se desdibuja la vieja dicotomía entre individuo y sociedad, negando la posibilidad de conflicto político, en tanto solo existe una masividad de sujetxs aisladxs.

    Las ideas del neoliberalismo tienen una enorme injerencia porque benefician a los sectores que concentran el poder y tienen capacidad de construir el sentido común y la subjetividad, a pesar de apoyarse en argumentos fácilmente rebatibles teóricamente. Además, el neoliberalismo como ideología ha coincidido históricamente con el capitalismo del consumo, que necesita que los individuos se endeuden, y con la irrupción de lo que se conoce como la “sociedad líquida”. Este concepto fue desarrollado por Zygmunt Bauman para referirse al carácter fluido y cambiante de la vida en las sociedades contemporáneas, que conlleva a una mayor individualización de lxs sujetxs.

    En el caso de nuestro país, encontramos que la tensión entre individuo y sociedad persistió a lo largo de diferentes periodos, permitiendo la emergencia de movimientos de signo popular. Pero con el advenimiento de la dictadura cívico militar, que llevó adelante un proceso económico regresivo del aparato productivo y la desaparición forzada de 30 mil personas, se consolidó una subjetividad del “no te metás”. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se caracterizó por imponer la cosmovisión de una sociedad individualista, utilizando la doctrina del shock como herramienta. “En América Latina el neoliberalismo se impuso a fuego y sangre y la penetración en la subjetividad se impuso a través del miedo” concluyó Kevin.

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  • Movilización virtual: Orgullo 2020

    Movilización virtual: Orgullo 2020

    La 29ª Marcha del orgullo nos encuentra en medio de una pandemia y sin la posibilidad de vernos en las calles, pero con el compromiso de encontrarnos. Porque entendemos que estar aisladxs no es motivo para dejar de manifestarnos, lxs invitamxs a sumarse este viernes 6 a partir de las 20 hs a la Movilización Virtual en https://orgullo2020.ar/

    A pesar de las particularidades de este año, la Marcha del Orgullo será una nueva jornada de festejo por los derechos ganados y de reivindicación del colectivo LGBTIQ+ en Argentina.

    Desde aquel 2 de julio de 1992, cuando Carlos Jáuregui frente a la organización Gays por los Derechos Civiles realizó la primera “Marcha del Orgullo Gay”, la convocatoria fue creciendo año a año. Ese día 300 personas marcharon desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso, la mayoría con los rostros cubiertos para que no lxs reconocieran. En ese momento ser diversx era motivo de despido, y abandono familiar.

    En 1993, al nombre de la marcha se le sumó la palabra “Lésbica” y fue en el año 94 que la T de las identidades trans, aparecieron en el nombre. A partir de 1997, la movilización comenzó a realizarse en el mes de noviembre, en conmemoración a la fundación de Nuestro Mundo, el primer grupo de diversidad sexual del país y de Latinoamérica. Desde entonces, se realiza ininterrumpidamente y se convirtió en el acto público más importante la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersex y queer argentina.

    Participá de la celebración virtual en Plaza de Mayo para festejar nuestro orgullo y seguir cuidándonos entre todxs, fortaleciendo nuestras redes